El principal problema, que ya quedó de manifiesto el primer día de su entrada en vigor, es el que introduce el artículo 20 de la ley, que permite a los inmigrantes reclamar «asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada o a su expulsión obligatoria del territorio español». Como hasta ahora, las delegaciones del Gobierno dictan las órdenes de expulsión contra los extranjeros que llegan ilegalmente a nuestro país. Pero, a diferencia de lo que ocurría con la ley de 1985, ahora los afectados podrán recurrir en vía contencioso-administrativa, en el plazo de un mes y contando con un abogado de oficio si así lo solicitan. Dada la lentitud con la que se mueve habitualmente la Justicia española, cada proceso puede durar varios años. Ello atrae a los emigrantes ilegales, que saben que no podrán ser expulsados fácilmente, y da pie a engaños a la Administración, ya que en este plazo el inmigrante «ilegal» encontrará modo de legalizarse y si obtiene un permiso de trabajo antes de que se produzca la sentencia ya no podrá ser expulsado.

 Por sentido común, habrá que ver si el problema es el que suscitan los inmigrantes o la propia Justicia española, ya que nada debería impedir que se habilitara un proceso judicial abreviado que en cuestión de horas resolviera cada caso de esta índole sin perjuicio de las garantías de los inmigrantes. Pero si se concluye en que es preciso realizar razonablemente alguna reforma de la ley, lo lógico será que se busque en la próxima legislatura un consenso de envergadura semejante al que ya se obtuvo, tendente a mejorar estos mecanismos aunque no a recortar los aspectos más humanitarios y garantistas de la misma.