LOS INMIGRANTES sin papeles que puedan acreditar su estancia en España con anterioridad a junio de 1999 -entre 80.000 y 100.000- tendrán la oportunidad de regularizar su situación durante un periodo de cuatro meses que se abre mañana y concluye el 21 de julio. Se trata de la tercera regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados que ha habido en España desde la que tuvo lugar a raíz de la entrada en vigor de la primera Ley de Extranjería, en 1985. El Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido a facilitar todos los medios para que ningún inmigrante que reúna los requisitos que exige la ley quede sin regularizar su situación.
 
 

Es importante que desde el Gobierno se lance un mensaje tranquilizador hacia estos inmigrantes, en el sentido de que la decisión del PP de reformar la Ley de Extranjería no supondrá ninguna reticencia de su parte hacia el proceso de regularización y que actuará con la buena fe y diligencia requeridas. El Gobierno no podría actuar de otra manera, pero hace bien en aclarar esta posición después de los resultados electorales del 12-M, porque no todos sus agentes o portavoces transmiten ese mensaje de tranquilidad.
 
 

El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, y otros responsables políticos próximos al mundo de la inmigración han insistido en desligar las intenciones del Gobierno sobre la Ley de Extranjería de la regularización que se pondrá en marcha mañana. Menos prudente fue el diputado y portavoz del PP Rafael Hernando, que al día siguiente de las elecciones, y a una semana de que se iniciara el proceso de regularización, se pronunció a favor de cambios inmediatos en la Ley de Extranjería, algo que por lo demás deberá plantearse en el Parlamento que se constituirá en abril. Y aún es más inquietante que este dirigente popular se apresurara a interpretar la amplia victoria de su partido en El Ejido como una señal inequívoca del rumbo que deberían adoptar tales cambios.
 
 

El proceso de regularización, primero, y la reforma de la Ley de Extranjería, después, constituyen, sin duda, una piedra de toque sobre el auténtico talante del Gobierno de Aznar y el uso que hará de su mayoría absoluta, mediante el diálogo con otras fuerzas parlamentarias o la aplicación del rodillo. Sería un grave error político que un asunto como el de la inmigración, necesitado como ningún otro de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, se abordara exclusivamente en términos de mayorías aritméticas. Hay mucho que discutir entre todos para que el imparable fenómeno de la inmigración discurra por cauces pacíficos en los próximos años y no se convierta en un foco permanente de conflicto, trasladando al conjunto de España el modelo exclusivista y xenófobo puesto en práctica en El Ejido. 

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