Domingo 26 marzo 2000 - Nº 1423
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Mujer, joven e inmigrante, nuevo retrato robot del 'sin techo' Un informe de Cáritas descubre cambios entre las personas sin hogar TOMÁS BÁRBULO, Madrid
Éstas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado
por la Universidad Pontificia de Comillas a petición de Cáritas
Española. En el estudio, que ha sido dirigido por Pedro Cabrera
y que será presentado próximamente, han participado el 70%
de los 762 albergues y centros de atención a personas sin hogar
existentes en nuestro país.
Andrés Ntibarusiga es coordinador del centro de acogida El Parque,
en Madrid. La semana pasada, sentado ante su mesa de despacho en esta institución
de la Cruz Roja, afirmaba: "Somos una pequeña ONU". Gobierna sobre
una multitud de 152 emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados llegados
de 40 países. Entre ellos hay desde analfabetos hasta doctores.
La lista de espera en esta mañana del día 17 es de 36 personas.
Pero Ntibarusiga sólo tiene seis camas disponibles. Deberá
elegir entre los aspirantes. "Daremos una plaza por nacionalidad. Es para
evitar brotes racistas", dice.
La precaución no es exagerada. El informe advierte: "Las luchas
por la plaza en el albergue no han hecho sino comenzar". Esperanza Linares,
responsable del programa Sin Techo de Cáritas, confirma:
"Empieza a surgir el racismo entre los sin techo. Y es que la demanda de
plazas crece más rápidamente que la oferta". En la Fundación
San Martín de Porres, en el extrarradio de Madrid, el 60% son emigrantes.
Antonio Rodríguez, su coordinador técnico, apunta: "No estamos
preparados para esta avalancha".
Rediseñar albergues
La encuesta recoge también que el 40,9% de los albergues han
constatado que el número de mujeres sin hogar ha aumentado. Muchas
acuden con sus hijos. Es necesario, apunta el informe, "rediseñar
la red de centros, que inicialmente estaba destinada a atender a varones,
de forma que pueda acoger a bastantes más mujeres que antes".
Darío Pérez, director del centro de acogida San Isidro,
de Madrid, explica así esta evolución: "Las familias son
cada vez más pequeñas y tienen lazos más débiles.
Ahora, cuando la mujer tiene un conflicto, es más fácil que
acabe en la calle".
S. L. es trabajadora social en un centro de emergencia para madres maltratadas
con niños. Su institución atendió en 1999 a 170 mujeres
y 150 menores. De ellas, sólo cuatro tenían estudios universitarios;
el 60% habían disfrutado de algún tipo de escolarización.
Las demás (¡el 40%!) eran analfabetas: estaban abocadas a
la calle por falta de empleo y de formación. El problema no afecta
sólo a españolas. El 63% de las atendidas en 1999 en el centro
de S. L. fueron inmigrantes, en su mayoría marroquíes y latinoamericanas.
"Han perdido el miedo a denunciar su situación", explica la trabajadora
social.
El informe destaca también que las personas sin hogar son cada vez más jóvenes. ¿Razones? "Las dificultades para encontrar acomodo en el mercado de trabajo, para acceder a una vivienda a precios asequibles, además de los problemas ligados a la expansión de cierto tipo de toxicomanías". Darío Pérez aún apunta otra causa. Los enfermos mentales, que tras el cierre de los psiquiátricos perdieron su residencia: "Ahora nosotros somos su último recurso". Sólo el 16% de los centros destinados a personas sin hogar en
España son de titularidad pública. Un 2% son mixtos y el
resto, el 82%, son privados. Entre estos últimos, el 63% tienen
carácter religioso. El informe elaborado por la Universidad de Comillas
recoge estos datos y denuncia "un proceso de privatización en la
gestión de centros que, según la opinión de muchos
profesionales, se está llevando a cabo desde hace algún tiempo".
La pequeña presencia de la Administración en la atención
a personas sin hogar es aún más reducida si tomamos como
baremo los centros gestionados: apenas un 10%.
Esperanza Linares, responsable del programa Sin Techo de Cáritas Española, se lamenta de que en este sector no rijan las mismas reglas que en el caso de la enseñanza o la sanidad. Mientras que un colegio que quiere ser concertado debe adecuar su funcionamiento a las normas que marca el ministerio, "en el campo de los servicios sociales el apoyo financiero que reciben las entidades privadas depende de subvenciones graciables, precarias e inestables". No se las considera servicio público y, en consecuencia, las autoridades no intervienen en las normas internas de cada centro, que quedan a discreción de la dirección. |
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