La reforma de la ley de extranjería prevé
la expulsión inmediata de los inmigrantes
El Gobierno quiere modificar 47 de los 63 artículos que componen la actual normativa EFE .Madrid El borrador de modificación de la ley de extranjería que ayer presentó el Ministerio del Interior a las fuerzas parlamentarias propone modificar 47 de los 63 artículos de los que consta la actual normativa. El borrador introduce medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal y la mejora de los mecanismos para evitarla. Respecto al texto actual, también se introduce como infracción sancionable con expulsión inmediata la permanencia de forma ilegal en el territorio español. Con ello se pretende, señala este texto, incrementar la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración ilegal, al nivel de otros Estados miembros de la UE, que cuentan en sus ordenamientos jurídicos con la posibilidad de expulsar a los extranjeros que se encuentran en esta situación. El Gobierno propone la expulsión inmediata, contra la que cabría la presentación de alegaciones en el plazo de las 48 horas siguientes, a quienes no tengan o tengan caducada más de tres meses la prórroga de estancia o no dispongan de autorización de residencia y no hayan solicitado en el plazo reglamentario la renovación de sus documentos. En 72 horas Si se decreta la expulsión por un procedimiento no de urgencia, se materializará en un período no inferior a las 72 horas, y si ésta no pudiera ejecutarse en ese plazo, podrá solicitarse el internamiento en un centro por no más de 40 días. La reforma recoge que «la Administración podrá conceder el permiso de residencia temporal a los extranjeros que en su momento hubieran obtenido tal permiso y no lo hubieran podido renovar, así como a aquellos que acrediten una permanencia en territorio español durante un período mínimo de cinco años», mientras que la actual ley sitúa ese período de tiempo en dos años. El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, inició ayer los contactos con los partidos políticos para intentar consensuar estas modificaciones; por la tarde se reunió con el dirigente del PSOE Ramón Jáuregui y con el portavoz de CiU, Xavier Trias. Tras su reunión con Fernández-Miranda, Jáuregui manifestó que el PSOE no apoyará ni negociará las modificaciones y destacó que el Gobierno no debería «obsesionarse» con la reforma como si de la «pócima milagrosa» se tratase. El anteproyecto señala, con respecto a la lucha contra la inmigración ilegal, que «es necesario destacar dos cuestiones distintas, como son las sanciones a las compañías de transporte y las sanciones que van dirigidas contra quienes organizan redes para el tráfico de seres humanos». En cuanto a las sanciones dirigidas contra el tráfico de personas, se introducen medidas para profundizar en la lucha contra esta actividad, «permitiendo el control de determinadas actividades vinculadas al mismo o facilitando la neutralización de los medios empleados por los traficantes». La exposición de motivos también precisa que se han detectado durante la vigencia de la actual ley, publicada en el BOE del pasado 12 de enero, «aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma». La reforma señala que se establece «un régimen de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país dentro del marco de la regularidad, frente a la entrada y estancia irregular».
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