La nueva Ley de Extranjería entrará en vigor en enero

MADRID. El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, expresó ayer su deseo de que el nuevo texto de la Ley de Extranjería, para cuya reforma se acaba de presentar un anteproyecto que deberá aprobar el Consejo de Ministros del 30 de junio, entre en vigor en enero de 2001.

El secretario de Estado, que el miércoles comenzó a reunirse con los grupos parlamentarios para presentarles el texto, dijo en conferencia de prensa que ha podido constatar que hay «tres bloques de actitud» de los partidos respecto al mismo.

Por una parte, explicó, están quienes no quieren modificar la actual Ley bajo ningún concepto, y que serían IU, BNG e IC; por otra, los que están dispuestos a asumir cambios pero habría «que hablar más», es decir, CiU, ERC y CC, a los que hay que añadir el CHA y el PA, más proclives a la reforma. El tercer bloque lo ocupa en solitario el PSOE, «que, a veces, parece dispuesto a hablar de la reforma» y, otras, muestra una negativa cerrada, indicó. 

Fernández Miranda señaló que tras hacerse público el anteproyecto, que ya ha sido trasladado al PSOE y a CiU, los grupos parlamentarios disponen de quince días, hasta el Consejo de Ministros del 30 de junio, para realizar las aportaciones que consideren oportunas al proyecto porque «no se renuncia al objetivo de la negociación».

«Esto no supone la aprobación de ninguna ley, sino la expresión de la voluntad del Gobierno, de hacia dónde quiere ir», dijo, y aseguró que las modificaciones no podrán debatirse en el Parlamento antes de la segunda semana de septiembre y que su deseo es que entre en vigor entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero. «Estamos hablando de un año prácticamente de aplicación de la actual ley (aprobada en enero de 2000) y tenemos los suficientes elementos de juicio para decir que debe ser reformada», insistió el delegado, quien aseguró que los cambios «completan los vacíos e insuficiencias» del texto actual.

«El Gobierno», precisó, «considera la inmigración un fenómeno deseable», pero debe proporcionar puestos de trabajo dignos e impedir que los inmigrantes entren en redes de explotación laboral o de prostitución.

El PNV, en contra

Por su parte, la portavoz del PNV en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Margarita Uria, aseguró que a su grupo no le gustan los recortes en derechos y libertades que se han hecho en el anteproyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno.

Uria, quien ayer tarde se reunirá con el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, para tratar sobre el anteproyecto, indicó que habrá que esperar a que se produzca este encuentro para hacer una consideración definitiva, pero adelantó que hay algunos puntos que, dijo, «no nos gustan».

Tras señalar que desde el Gobierno «se están manteniendo las formas», Uria declaró que al PNV le gustaba «la ley anterior», que se aprobó el pasado mes de enero. Rechazó los recortes que se hacen en el anteproyecto el derecho a asociación, así como la separación que se hace «entre quien tiene o no papeles».