Rahmouni dijo en rueda de prensa en Sevilla que la primera valoración de la reforma de la Ley de Extranjería se hizo ayer durante una junta directiva de ATIME celebrada en Marruecos, donde está el presidente de la organización, Abdelhamid Beyuki, tras su regreso después de 16 años de exilio en España. 

En esa junta directiva se aseguró que la reforma de la ley es "muy negativa" y hará retroceder la situación de los inmigrantes muchos años, que estarán acogidos a un texto legal "peor que el de 1987", indicó Rahmouni, quien añadió que el rechazo a la iniciativa del Gobierno es "total". 
Atribuyó la reforma comenzada por el Gobierno a "una pura reacción ante el aumento de pateras y a lo que ellos denominan el efecto llamada", a la vez que pidió una respuesta a la llegada de embarcaciones con indocumentados que no incluya la reforma de la ley. 

"Con esta contrarreforma, los inmigrantes no serán sólo ciudadanos de segunda, sino de tercera o cuarta", según Rahmouni, que ha pedido un pacto de Estado sobre inmigración para dejar este aspecto fuera de las luchas partidistas y que se celebre una cumbre entre las comunidades autónomas españolas para evitar que el Gobierno logre el apoyo de Cataluña y Canarias a la reforma a cambio de algunas contraprestaciones. 

El primer vicepresidente nacional de ATIME, Antonio Hernando, por su parte, dijo que el nuevo texto legal impide el derecho de reunión, sindicación y huelga de los inmigrantes sin papeles, y se preguntó si estas limitaciones son consecuencia de los acontecimientos racistas de El Ejido (Almería). 
Por ello, afirmó que los inmigrantes sin papeles podrán ir a los tribunales si se asocian o van a la huelga, "lo que les deja a los pies de los caballos ante los empresarios sin escrúpulos". 

Señaló que el Gobierno nunca quiso aplicar la anterior ley aprobada este año, y afirmó que la exposición de motivos de la "contrarreforma" se basa en motivos falsos, como que aumentó la inmigración durante la aplicación de la anterior ley, lo que aseguró no ha sido posible porque no se ha llegado a desarrollar. 

Indicó que exigir cinco años de permanencia para obtener el permiso de residencia obligará a los inmigrantes a "hacer malabarismos para no ser detenidos por la Policía" y a "alargar su agonía". 

Hernando reprochó que Asuntos Exteriores no tenga un control sobre sus resoluciones respecto a los visados de los trabajadores y se quejó de que la concesión de permisos se hará según criterios económicos y de seguridad, lo que supone "control y más control". 

Se preguntó si el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, ha sido nombrado para reformar la ley, lo que consideró "muy peligroso", o para diseñar una política de inmigración en España, y se mostró desconfiado del anuncio del Gobierno de consensuar el reglamento posterior a la ley. 
Afirmó que el capítulo de las tasas supone un "argumento de pura recaudación" por parte del Gobierno, y lamentó que la expulsión de los inmigrantes sea el "recurso inmediato" que aplicará el ejecutivo contra los que lleguen de forma ilegal. 

Ambos dirigentes de ATIME se mostraron seguros de que el Foro de la Inmigración rechazará la reforma propuesta, que afirman es menos abiertas que las de Italia o Francia, y dijeron que las posibles movilizaciones se harán de acuerdo con sindicatos y ONG.