Sólo han podido aplicarse la asistencia letrada en frontera y la vigente regulación extraordinaria

M. s-P. / L. F. R . colpisa. madrid
 

La negativa del Gobierno, hecha pública esta semana, a elaborar el reglamento que debiera desarrollar la vigente Ley de Extranjería ha dejado sin contenido gran parte de los artículos más novedosos del texto aprobado por el Parlamento en 1999. La asistencia letrada en frontera y la puesta en marcha del actual período de regularización extraordinaria serán los únicos legados de una ley que morirá sin cumplir un año de incompleta aplicación. 

La decisión del Ejecutivo impide la aplicación directa o indirectamente -según los juristas, especialistas y organizaciones sociales- de 17 artículos novedosos que los funcionarios públicos eluden seguir, al carecer de instrucciones de sus superiores por la falta de reglamentación.

Son los visados los que se llevan la peor parte, ya que el anterior legislador sólo obligó a que la denegación de estos permisos fuera «expresa y motivada», pero dejó en manos del Gobierno la redacción de un reglamento que fijara «las causas que puedan motivar la denegación». 

Fuentes de la Administración reconocen sin ambages que, a «falta de instrucciones de los superiores», en las ventanillas se rechaza la concesión de visas en virtud de un decreto de1996, que desarrollaba la anterior Ley de Extranjería de 1985. El vacío normativo también ha tenido su repercusión en las fronteras. La ley dejó al Gobierno la elaboración de un real decreto para establecer los casos extraordinarios en los que los extranjeros 'sin papeles' pudieran entrar en España. 

Indocumentados
 
 

SOS Racismo o la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) ya han denunciado que, pese a la entrada en vigor de la ley, al no existir un marco legislativo sobre estos casos, todos los indocumentados son rechazados sin que quepan las excepciones que la norma vigente prevé. Según un reciente informe elaborado por los juristas de Atime, «ni siquiera se procede a recoger las solicitudes de dicho procedimiento y mucho menos a resolverse». 

El estudio de los abogados de los inmigrantes magrebíes denuncia además la «inaplicación» de otros preceptos pese a existir un procedimiento análogo en la vieja normativa. Este es el caso de la ampliación de los supuestos de reagrupamiento familiar que recoge la ley de 1999. Según Atime, «debido al desconocimiento del funcionario, al que no se ha instruido al respecto, éste reacciona ante la novedad aferrándose a la antigua y derogada Ley de Extranjería de 1985». 

Sólo dos acciones concretas de la normativa aprobada por el Parlamento en la pasada legislatura han podido desarrollarse. La primera, es la asistencia letrada a los extranjeros irregulares rechazados en frontera y que es suprimida en el borrador propuesto esta semana por el Gobierno. La segunda, es el proceso de regularización extraordinaria que finaliza el 31 de julio y en el se estima que la Administración recibirá casi 250.000 solicitudes.