Fernández–Miranda anuncia que no se elaborará el reglamento de la actual, imprescindible para aplicarla

melchor sÁiz–pardo • madrid
La actual Ley de Extranjería morirá antes de haber cumplido su primer año de vida. El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, anunció ayer que el Ejecutivo se ha marcado la fecha del 1 de enero del 2001 para la entrada en vigor del nuevo texto y que por ello el Ministerio del Interior ni siquiera va a redactar el reglamento que desarrolla la norma todavía vigente y cuya puesta en vigor es imprescindible para que el Parlamento pueda legislar sobre temas tan importantes como el sistema de visados, que se rige por la ley de 1985. No obstante, el Ejecutivo asegura estar dispuesto a admitir variaciones a su borrador antes de hacerlo llegar al Consejo de Ministros a finales de este mes.

Tras dos días de ronda de contactos con todos los grupos políticos, salvo el PNV por cuestiones de agenda, Fernández-Miranda constató que el consenso para la reforma de la Extranjería no va a ser fácil después que todos los partidos –salvo CiU, Coalición Canaria y Esquerra Republicana de Catalunya– en mayor o menor medida le hayan manifestado su intención de no respaldar los cambios esenciales propuestos por el Ejecutivo. No obstante, según el delegado, sólo IU, el Bloque Nacionalista Galego e Iniciativa per Catalunya se oponen de forma abierta a cualquier modificación.

 Pese al complicado escenario parlamentario que Fernández Miranda ha encontrado en su presentación, el nuevo secretario de Estado se atrevió a señalar el uno de enero del 2001 como fecha de caducidad del actual texto.

 Según el delegado, este tiempo será bastante para valorar los efectos de la normativa vigente desde el mes de febrero, tal y como reclaman el PSOE y las principales organizaciones sociales. «Estamos hablando prácticamente de un año de aplicación de la ley. Creemos que es un plazo suficiente para tener elementos juicio para afirmar que la ley debe ser reformada», señaló el alto cargo de Interior.
 
 

Bloqueo de hecho

 Ante la inminente extinción de la norma, el delegado de Inmigración anunció que el Gobierno va a bloquear de facto la vigente ley, pues ha decidido que no va a elaborar su reglamento, imprescindible para legislar sobre aspectos como el sistema de visados, que –a falta de normativa– sigue rigiéndose por la ley de 1985. «Contando con que la decisión es firme para que la ley sea reformada, pensamos que debemos desarrollar el reglamento de la próxima norma, que esperamos tener en nuestras manos a finales de este mismo año», desveló el nuevo delegado.

 El secretario de Estado volvió a llamar al acuerdo con los partidos y organizaciones. «La voluntad del Gobierno es de consenso, desde la tranquilidad y la reflexión», aseguró antes de dejar clara la voluntad de llevar adelante las modificaciones. «No estamos en la sintonía en la que debemos estar con el resto de los países de la UE y nuestra ley no responde formalmente a muchos de los acuerdos que se alcanzaron en la cumbre de Tampere», dijo. El Ejecutivo aseguró estar abierto a que en las dos semanas que faltan para que el borrador de proyecto de Ley elaborado por Interior llegue al Consejo de Ministros puedan introducirse variaciones antes del trámite parlamentario que no comenzará hasta mediados del próximo mes de septiembre.