• El delegado de Gobierno apuesta por una normativa que iguale en derechos y deberes a los inmigrantes con el resto de los españoles

El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, expresó ayer su "voluntad absoluta de consenso" sobre la reforma de la Ley de Extranjería que, según anunció, entrará en vigor el año próximo. Tras calificar de "deseable y positivo" el fenómeno de la inmigración, hizo hincapié en que la nueva normativa que  lo regule debe ser "duradera" y hacer posible que los extranjeros tengan "los mismos derechos que los españoles".

Fernández Miranda, que forma parte del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional -que ayer inició sus deliberaciones en Oviedo- afirmó que la reforma de la Ley debe ser "la primera pieza de lo que será la política general de Extranjería e Inmigración del Gobierno para la presente legislatura".

Según el delegado del Gobierno, no se trata únicamente de la reforma de la Ley con la que el Gobierno quiere dotarse de los instrumentos necesarios para ordenar el fenómeno de la inmigración, "sino que hay que tener en cuenta el fenómeno en su conjunto".

"Tenemos que ser capaces de asegurar a los extranjeros que quieran residir en España un puesto de trabajo digno, y su integración social, aspecto en el que jugará un papel muy importante la reagrupación familiar", indicó Fernández Miranda, quien agregó que los extranjeros disfrutarán "de los mismos derechos de los que disfruta cualquier español y tendrán también las mismas obligaciones".

Se refirió también a la necesidad de "anticiparse" a las posibles reacciones xenófobas y racistas, e hizo hincapié en la voluntad del Gobierno de luchar contra los grupos organizados "que trafican con seres humanos y que no sólo ponen en peligro sus vidas, sino que después los esclavizan con redes de trabajo ilegal o de prostitución".

"La lucha contra las mafias será implacable", aseguró el delegado del Gobierno, quien insistió en que la nueva Ley hará posible que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los españoles en materias como la educación, la sanidad y la vivienda.

En materia de educación, la nueva Ley distinguirá entre los menores y mayores de 18 años en su acceso a la enseñanza obligatoria, mientras que en Sanidad no se hará distinción alguna entre inmigrantes y ciudadanos españoles y los extranjeros residentes podrán acceder a la vivienda en las mismas condiciones que los españoles.

Negociación con la oposición

Fernández Miranda recordó que hoy empezará a negociar la reforma de la Ley con el PSOE, IU, sindicatos y ONGs, contactos que deben llevar, a su juicio, a la elaboración de un texto "muy consensuado" que pueda presentarse ante el Consejo de Ministros a finales del presente mes, para debatirlo en el Parlamento en septiembre u octubre y que pueda aprobarse en noviembre, con lo que la nueva Ley estaría "disponible" para el próximo año.

El delegado del Gobierno aseguró que no desea que la reforma de la Ley sea un elemento de confrontación entre las distintas fuerzas políticas, ya que, a su juicio, la política en materia de Extranjería debe ser "consensuada y duradera". En su opinión, la nueva normativa debe servir tanto para momentos de bienestar económico, como el actual, como para cuando lleguen las "vacas flacas".

Fernández Miranda calificó de "deseable y positivo" el fenómeno de la inmigración y dijo que la reforma de la Ley está pensada para "ordenar" el mismo y facilitar al Estado los instrumentos necesarios para que los derechos fundamentales de los inmigrantes "puedan ser una realidad, y la primera obligación es satisfacer el derecho a un puesto de trabajo digno".