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| 16.06.2000
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La oposición rechaza
la reforma de la ley y ve difícil alcanzar un consenso
Madrid
El portavoz socialista de Interior, Ramón Jáuregui, anunció ayer en el Congreso que el PSOE ha decidido no negociar ni enmendar nada al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería del Gobierno hasta el mes de septiembre, en el que se inicie su tratamitación parlamentaria, y no antes de su aprobación por el Consejo de Ministros el próximo 30 de junio. De momento, el PSOE ha decidido mantener su Proposición no de Ley sobre Inmigración que se debatirá en el Pleno del día 27 de junio, y que en la que se exige una política global de inmigración, una evaluación sobre los inconvenientes que provoca la ley vigente, y una disposición al consenso para la reforma de la ley. IU: "Un retroceso de los derechos humanos" Por su parte, el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, manifestó ayer en el Congreso que considera "imposible" e "inviable" llegar a un consenso sobre la reforma de la Ley de Extranjería partiendo del proyecto de reforma presentado por el Gobierno, porque además de implicar una modificación "amplia" y "durísima", supone un retroceso de los derechos humanos. En opinión de Alcaraz, la aplicación práctica del proyecto de reforma del Gobierno supondrá endurecer el derecho de huelga, de asociación y la libertad para sindicarse a los inmigrantes, por lo que IU teme que este endurecimiento suponga una fórmula para posibilitar la explotación de estas personas, sin posibilidad de defensa alguna. "Es casi un problema de esclavitud", puntualizó. CiU avala la necesidad de una reforma
El presidente catalán y líder de la coalición nacionalista se mostró ayer partidario de reformar la ley de Extranjería y recordó que CIU votó a favor de la modificación del texto cuando se debatió en el Senado el pasado mes de diciembre y que no prosperó en el Congreso. "Nosotros queríamos una ley -subrayó- para asegurar el respeto de los derechos de los inmigrantes y hacer más fácil la reagrupación familiar, en lo que seguiremos insistiendo". Recortes de libertades y derechos Al PNV no le gusta la nueva ley de Extranjería, según manifestó la diputada Margarita Uría, quien rechazó de forma tajante los recortes que se hacen en el anteproyecto el derecho a asociación, así como la separación que se hace "entre quien tiene o no papeles" a la hora de reconocer derechos, algo que "no es acorde con la Declaración de los Derechos Humanos. De la misma forma ERC reaccionó ayer con "cierto pesimismo" y denunció que la nueva normativa que impulsa no resuelve la situación de los inmigrantes sin papeles en España e impone la "discrecionalidad" a la hora de regularizarla. También la diputada de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, expresó ayer al delegado del Gobierno para la Inmigración el rechazo de esta formación política a que se produzcan recortes en el reconocimiento de derechos a los extranjeros, y consideró que el Gobierno debería haber dado "más tiempo" a la ley aprobada al final de la última Legislatura para comprobar su funcionamiento. IU teme que este endurecimiento
suponga una fórmula para posibilitar la explotación
Desde el BNG, Guillaume Vázquez, reafirmó ayer la oposición de su grupo a la reforma , aunque precisó que tendrán que estudiar detenidamente las modificaciones que pretende el Ejecutivo y que recibieron ayer por la tarde para poder hacer una valoración más ajustada. Paralelamente, Coalición Canaria consideró
ayer "positiva" la regulación especial para las islas Canarias
que recoge el borrador del Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extranjería,
aunque matizó que otros aspectos de la reforma serán analizados
por su formación la próxima semana. "En principio -añadió
Paulino Rivero- todo es mejorable y no contaría con nuestro apoyo
si se tratara de modificar algunos aspectos relacionados con los derechos
de las personas".
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