Viernes
16 junio
2000 - Nº 1505
Portada
Intern
España
Opinión
Sociedad
Cultura
Gente
Deportes
Economía
El Gobierno quiere estrenar en enero la nueva Ley de Extranjería aunque no haya consenso
El delegado para la Inmigración admite que el reglamento de la normativa vigente no se redactará
PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda,
anunció ayer en rueda de prensa que la intención del Gobierno
es que la nueva Ley de Extranjería, cuyo borrador se hizo público
el miércoles, entre en vigor el 1 de enero próximo, sin más
demoras, y, llegado el caso, sin necesidad de consenso. En esta línea,
Fernández-Miranda no tuvo reparo en admitir abiertamente que el
reglamento de la actual ley, aún sin redactar pese a que la normativa
establece que deberá estar aprobado antes del próximo 2 de
agosto, ni siquiera llegará a ver la luz. Todos los esfuerzos del
Ejecutivo se concentrarán en sacar adelante la pretendida reforma,
pese a las voces en contra de los partidos de izquierda, los sindicatos
y las ONG.
durante la rueda de prensa (Efe). |
Pese a la polémica desatada -sólo CiU y Coalición
Canaria garantizan de entrada su apoyo al Gobierno, en contraste con la
dura respuesta del PSOE, IU, sindicatos, organizaciones sociales y otras
formaciones políticas-, Fernández-Miranda insistió
en la intención dialogante del Ejecutivo. Pero no ocultó
que el consenso que busca será muy difícil de alcanzar, sobre
todo cuando la reforma es rechazada por "regresiva" y por abrir las puertas
a la "explotación" laboral de los inmigrantes.
De hecho, el delegado del Gobierno para la Inmigración admitió
la oposición radical a esta reforma de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista
Gallego (BNG) e Iniciativa per Catalunya. Y lo hizo después de que
Felipe Alcáraz, portavoz de IU en el Congreso, se apresurara a advertir
al Ejecutivo de que si no desarrolla el reglamento de la actual ley en
los seis meses que estipula la normativa- el plazo finaliza el 2 de agosto-,
su grupo emprenderá acciones políticas y legales.
Fernández-Miranda mostró a continuación su sorpresa
por la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista tras una primera lectura
del borrador. "A veces [el PSOE] parece dispuesto a hablar de la reforma
y otras no. No sabría en que bloque de actitudes situarlo; es un
caso aparte", afirmó.
Manuel Chaves, presidente de la comisión política del
PSOE, le dejó enseguida las cosas claras: "Esta reforma no es propia
de un país democrático. Sería una ley retrógrada,
situada mucho más abajo de las legislaciones más atrasadas
de la Unión Europea".
Aun así, el delegado del Gobierno considera suficiente un plazo
de 15 días, que es lo que resta hasta el 30 de junio, cuando el
borrador será aprobado en el Consejo de Ministros, para que tanto
las fuerzas políticas como los sindicatos y las organizaciones no
gubernamentales estudien la propuesta, manifiesten sus opiniones "y hagan
las aportaciones que consideren oportunas".
Según Fernández-Miranda, presentar el anteproyecto para
que lo apruebe el Consejo de Ministros "no supone la aprobación
de ninguna ley, sino la expresión política que hace públicas
las intenciones del Gobierno".
El delegado se detuvo en defender algunas modificaciones polémicas
que recoge el borrador, como la concesión de la residencia permanente
y los derechos sociales. Con la nueva ley, para obtener la residencia permanente
habrá que acreditar una estancia ininterrumpida en España
de cinco años, frente a los dos años de ahora. Según
Fernández-Miranda, esto será así porque "no estamos
en sintonía con la Unión Europea". Se trataría, dijo,
de unificar criterios en materia de inmigración. Y puso como ejemplo
"la situación de beneficio en la que se encuentra España
con respecto a Francia", donde se exige 10 años de estancia ininterrumpida
para obtener el permiso de residencia permanente.
Fernández-Miranda rechazó asimismo las acusaciones de
que el borrador incurre en la vulneración de determinados derechos
sociales. De este modo, afirmó con rotundidad que "la reforma de
la Ley de Extranjería no recorta ningún derecho fundamental",
y argumentó que "se mantiene el derecho a la vida como derecho fundamental".
De ahí, argumentó, la insistencia del Gobierno en el control
de las fronteras y en la erradicación de las mafias, "que sí
vulneran tales derechos".
Asimismo, se refirió al derecho a la integridad física
y arguyó que la reforma garantiza el derecho a la asistencia sanitaria
para todas los extranjeros que se encuentran en España, independientemente
de su situación.
Enrique Fernández Miranda volvió a enfatizar la idea de
que hay que distinguir entre dos tipos de residentes extranjeros: los "trabajadores
estables" y los "temporeros"; es decir, entre los inmigrantes que residan
legalmente en España con un contrato de trabajo estable y los que
vengan a trabajar una temporada y permanezcan en el país mientras
dure el contrato.
Frente a las críticas de sindicatos y ONG, el delegado alegó
que España tiene una capacidad limitada de acogida y de trabajo.
"Tenemos que saber cuál es nuestra capacidad de acogida real", dijo.
Y dio un dato. Tras el actual proceso de regularización se podrá medir cuál podría ser el contingente anual: "Entonces habrá en España un número muy importante de residentes, lo que obligará a calcular muy bien". "Necesitamos extranjeros, el fenómeno de la inmigración es positivo, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar".
El ex portavoz del PP cree que algunas medidas del borrador son inconstitucionales
EP, Madrid
El ex diputado Diego Jordano, portavoz del Grupo Popular en el Congreso
cuando, en la anterior legislatura, se negoció con la oposición
la vigente Ley de Extranjería, aseguró ayer que algunas de
las modificaciones que pretende impulsar el Gobierno en estos momentos
son inconstitucionales.
Concretamente, Jordano subrayó que la actual ley, aprobada el
pasado mes de diciembre con la única oposición de su partido,
no es "caprichosa" cuando se plantea la discusión sobre los derechos
de los inmigrantes, porque simplemente se asume que no puede negarse el
derecho de reunión o el de huelga, que tiene toda persona en un
país democrático por el simple hecho de ser persona. "Da
la impresión de que reformar este tipo de derechos choca claramente
con el marco constitucional", dijo Jordano, quien añadió
que la Constitución no es un texto autónomo porque está
incardinada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y, por tanto, cualquier negación de los derechos que se reconocen
en ese texto o en el Tratado de Roma va contra la Constitución.
Jordano advirtió también de que algunas penas administrativas que ahora se plantean "no resuelven nada" porque sólo se podrá castigar, por ejemplo, a los tranportistas, y no a los traficantes. Y habría que valorar muy seriamente, en su opinión, si es conveniente aplicar el Convenio de Dublín en un país como España, que recibe 60 millones de turistas al año.
CiU y Coalición Canaria, los más proclives a la reforma
EL PAÍS, Madrid
El PP cuenta ya, de antemano, con la predisposición de sus socios
parlamentarios de Convergència i Unió (CiU) y de Coalición
Canaria (CC) para sacar adelante, siempre que no se alteren determinados
derechos, los principales puntos de la reforma de la Ley de Extranjería.
El líder nacionalista catalán, Jordi Pujol, se lo comunicó
ayer personalmente al presidente del Gobierno, José María
Aznar, durante la entrevista que ambos mantuvieron en La Moncloa por espacio
de casi cuatro horas. Poco después, el líder de Coalición
Canaria, Paulino Rivero, anunciaba una predisposición similar.
El presidente de la Generalitat de Cataluña recordó, en
la rueda de prensa posterior a su reunión con Aznar, que CiU fue
el único grupo que el pasado mes de diciembre, en la recta final
de la anterior legislatura, pactó con el PP amplias modificaciones
de la ley en su trámite en el Senado. Posteriormente, sin embargo,
CiU dio marcha atrás en el Congreso al no poder consensuar esas
reformas con el resto de los grupos. Pujol admitió que desconoce
todavía el alcance de la reforma impulsada ahora por los populares,
y advirtió que el nuevo texto deberá insistir sobre todo
en asegurar los derechos de los inmigrantes y en facilitar el reagrupamiento
familiar.
El presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, también
anticipó el previsible apoyo de su partido a la reforma de la ley.
El borrador contempla en su disposición adicional segunda que "en
atención a la situación del archipiélago canario,
a la fragilidad de su territorio insular, a la lejanía con el continente
europeo y a su proximidad al africano", esta comunidad podrá "elevar
al Gobierno las propuestas que considere oportunas sobre el trabajo y la
residencia de extranjeros".
Rivero calificó de "avance" esta medida, y añadió que "está en la línea de lo que CC viene exigiendo desde hace meses". Aun así, no garantizó el voto de CC. "Nosotros creemos que las reformas no tienen por qué afectar a los derechos de las personas", advirtió.
