Miércoles
14 junio
2000 - Nº 1503
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Mayor Oreja pretende que la estancia ilegal en España sea motivo de expulsión
Comienza la negociación de la nueva ley
EL PAÍS, Madrid
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, rompió ayer el
silencio del Gobierno sobre el sentido de la reforma de la Ley de Extranjería
y desveló, en declaraciones al programa de Antena 3 El primer
café, algunos de los principales cambios que el Ejecutivo piensa
introducir en la actual ley. Según el titular de Interior, la reforma
prevista permitirá que la estancia ilegal en España se convierta
en motivo de expulsión, una medida inviable con la normativa que
rige desde el pasado febrero, tras su aprobación en diciembre en
el Parlamento, con el apoyo de todos los grupos menos el PP.
El Gobierno también modificará los procedimientos de regulación
de inmigrantes. El texto que estudiará el Consejo de Ministros el
30 de junio pretende aumentar de dos a cinco años el periodo mínimo
necesario para conseguir el permiso de residencia. "Sólo dos años
de empadronamiento, que es lo que hoy establece la ley, no nos parece lo
más ajustado", explicó Mayor Oreja.
En cuanto a los visados para entrar en España, el Ejecutivo es
partidario de eliminar la posibilidad de recurso judicial cuando se le
deniegue al solicitante. Para ello, Mayor propone que la concesión
del visado sea "una potestad administrativa" que no dependa de decisiones
judiciales. Actualmente, la denegación de los visados debe estar
acompañada de una explicación e indicar los recursos que
se pueden interponer contra la decisión del Gobierno, como sucede
en la mayoría de las decisiones administrativas.
Uno de los principales cometidos de la reforma es distinguir al extranjero
que tiene papeles del que carece de ellos. El objetivo final consiste en
"que el inmigrante regular tenga casi los mismos derechos que el nacional".
En palabras del ministro, "es indispensable que haya una frontera más
clara, porque si no, se estará fomentando la inmigración
irregular". Este aspecto modificará sustancialmente la situación
actual. La Ley de Extranjería sólo reconoce dos tipos de
inmigrantes: los residentes, que disponen de documentación en regla,
y "los que se encuentran en España", una categoría que engloba
a todos los demás, independientemente de su situación legal.
Igualdad de derechos
Una versión más dulcificada de la reforma es la que ofreció
ayer en Oviedo el delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, según informa
Javier Cuartas. Fernández-Miranda aseguró que el texto
que prepara el Gobierno reconocerá a los inmigrantes los mismos
derechos que a los ciudadanos españoles en materia de educación,
sanidad y vivienda: "Los extranjeros e inmigrantes son personas y titulares
de derechos, y por tanto los residentes, los que vayan a estar con nosotros
van a tener los mismos derechos que tienen los españoles en educación
y sanidad, sin ninguna distinción".
Añadió que la ley tiene vocación de durar, por lo que el Ejecutivo buscará el mayor consenso posible con las demás fuerzas políticas. Fernández-Miranda comienza hoy la ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios sobre el borrador de la nueva ley.
