La reforma presentada por el Gobierno a la vigente Ley de Extranjería fue una destacada promesa electoral que no íbamos a ver fácilmente olvidada, pero la rapidez con la que se ha puesto en marcha sólo se ha justificado por los supuestos efectos perversos de esta ley, producidos en los primeros meses de su vigencia: el efecto llamada del que tanto se ha hablado ya y que tan acertadamente analizó días atrás Javier de Lucas en estas páginas. El incremento producido en estos últimos meses de los flujos irregulares de inmigración que son más visibles, es decir, los de las pateras que tratan de llegar a nuestras costas, la cobertura informativa que ello tiene y el tremendo drama que lo acompaña, con la continuada aparición de muertos en el intento, ha dado fuerza al argumento preferido por el Gobierno: "No podemos tener una ley que aliente a un cada vez mayor número de inmigrantes a venir a nuestro país".
 
 

La reforma planteada, sin embargo, no aporta nada nuevo por lo que se refiere al control o regulación del flujo de entrada de inmigrantes; se dirige, básicamente, a reducir los derechos de los que ya están dentro, principalmente de aquellos que se hallan en situación de irregularidad administrativa (sin permiso de residencia), los mal llamados "ilegales". Se pretende facilitar su expulsión y reducir las posibilidades que la actual ley les concede para regularizar su situación (además de recortar severamente sus derechos sociales), y el resultado que se espera obtener de ello es la disminución del flujo de inmigración irregular.
 
 

No voy a hacer aquí el análisis del texto presentado por el Gobierno; este análisis se está haciendo desde el Foro y por parte de todos los agentes sociales y fuerzas políticas, y será motivo de amplios debates en los próximos meses. Quiero, más bien, discutir el argumento de partida para la reforma, porque creo que sitúa erróneamente el debate sobre las políticas de inmigración, y me parece urgente que este debate se replantee. ¿Tenemos realmente una ley que favorece la entrada de más inmigración, o de más inmigración irregular? Creo que no. Lo que realmente caracteriza a la vigente ley, respecto de la anterior, es que mejora mucho la situación de las personas inmigradas, es decir, de las que ya están en España (a las que se reconoce un conjunto de derechos que antes no tenían reconocidos), pero, en cambio, apenas ha modificado las cosas para las que quieren venir. Lo novedoso, y por lo que podemos decir que es una ley avanzada, es que también reconoce derechos a las personas que se hallan en España en situación irregular, derechos tales como la asistencia sanitaria, las ayudas sociales, la justicia gratuita en casos de necesidad, etcétera, y, además, les ofrece posibilidades para el acceso a la residencia legal y les otorga mayores garantías jurídicas en todos los procedimientos (incluidos los de denegación de entrada al país).
 
 

Pero el sistema de entrada sigue siendo el que era (desde 1985), y sigue siendo muy inaccesible. Existen facilidades para quienes vienen por reagrupación familiar, pero para quienes desean venir a nuestro país a trabajar, la entrada legal continúa siendo muy difícil. Las condiciones siguen siendo disponer de una oferta previa de empleo y con ella solicitar el visado de entrada en un consulado español de su país de origen. Ello tiene dos grandes obstáculos, el primero es que para el tipo de trabajos que se está ofreciendo a los inmigrantes del Sur no hay un flujo de ofertas de empleo que llegue a sus países, y el segundo es que las ofertas pasan por el tamiz de la preferencia nacional en el empleo y por los límites que establece el contingente anual. Lo cierto es que en todos los años anteriores, en los que hemos venido recibiendo inmigrantes con este mismo sistema ya en funcionamiento, éstos han entrado principalmente por vías irregulares, y una vez aquí han ido legalizando su situación con el tiempo. Así hemos alcanzado los niveles que ahora tenemos de población inmigrada extracomunitaria, que, por otra parte, está haciendo una contribución muy positiva a nuestro desarrollo económico y social, como se reconoce ya desde múltiples instancias. Pero las vías de inmigración han sido irregulares, y éstas, aparte de ser dramáticas para los inmigrantes, han favorecido el desarrollo de mafias contra las que la policía y la justicia han sido, de momento, poco eficientes.
 
 

La ley actual trata mejor a los inmigrantes que ya están aquí, pero no amplía las vías legales para la inmigración y, por tanto, es incongruente decir que provoca una mayor entrada de inmigrantes. Salvo que se nos esté diciendo (y éste parece ser el mensaje) que el mejor sistema para controlar la entrada de inmigrantes es no tratar muy bien a los que ya están dentro. Pero incluso esta premisa sería errónea, porque nada indica que las personas hagan su opción migratoria en función del conocimiento que tengan de las condiciones legales que se van a encontrar en el país receptor.
 
 

No es, en definitiva, la vigente Ley de Extranjería lo que debía haberse puesto en discusión. El debate que debe abrirse es cómo organizar legalmente la entrada de una inmigración que ya está necesitando nuestra sociedad y va a necesitar más en el futuro, tal como indican todas las previsiones. La pregunta que la sociedad española tiene que hacerse ya es: "¿Se ha de mantener este sistema, basado en contener policialmente los flujos (irregulares) de inmigración, para acabar aceptando a aquellos inmigrantes que consiguen burlar las barreras policiales, o podemos dar el salto hacia la organización y canalización legal de esos flujos?".
 
 

Sabemos que la inmigración va a seguir viniendo y que, además, es conveniente que así sea; tenemos, por otra parte, una Ley de Extranjería que ha mejorado sus derechos y sus posibilidades de integración social; pero lo que no tenemos es política de inmigración. Ahora, lo que realmente necesitamos es respondernos a la pregunta de cómo podemos canalizar legalmente el flujo de entrada. De entrada, tenemos que sacudirnos las falacias que hemos ido creando sobre el fenómeno migratorio y dejar de pensar que la inmigración es un problema. La reiterada aparición de las pateras provoca una impresión de avalancha que nos lleva a creer que el número de inmigrantes que están entrando es excesivo, o no es asumible por nuestro país. En realidad no representa un aumento de población inmigrada que supere lo que parecen ser las necesidades de inmigración laboral actuales, y mucho menos lo que se prevé como necesidades futuras. El único número realmente excesivo en este asunto, el dato atroz, es el de los 120 muertos por naufragios de pateras que Derechos Humanos de Andalucía contaba en lo que va de año. El reto no está en cómo parar la entrada de inmigrantes, el reto está en cómo canalizar legalmente esa entrada.
 
 

Disponer de política de inmigración es asegurar la entrada legal de un determinado contingente anual de inmigrantes, y ello implica cosas como: definir ese contingente con suficiente amplitud, eliminar las restricciones que ahora existen en cuanto a sectores laborales a los que pueden acudir los extranjeros, flexibilizar la exigencia de oferta de empleo previa, abriendo la posibilidad de la entrada para buscar aquí el empleo (posibilidad que Italia ofrece en su contingente para este año 2000), etcétera. Pero también implica disponer de los mecanismos adecuados en los países de origen de la inmigración: dar allí más información, crear oficinas de atención a quienes aspiran a migrar a España, etcétera. Implica también llegar a acuerdos con esos países, ver qué relación ha de existir entre las políticas de inmigración y las de cooperación para el desarrollo, desarrollar allí programas formativos para quienes quieren migrar y para quienes se van a quedar, promover el retorno de cerebros con proyectos de inversión adecuados, etcétera.
 
 

Un contingente anual útil para regular el flujo de entrada ha de ser muy diferente del que ha habido hasta ahora, pero, además, se ha de utilizar sólo para eso. Ello exige que haya otro mecanismo para legalizar la situación de los irregulares que ya están aquí. Con la vigente ley lo hay: la regularización a los dos años de estar en España. Si esto se elimina, o se desvirtúa por completo ampliando ese plazo a cinco años como propone el Gobierno, tendremos que seguir utilizando el contingente como mecanismo de regularización, lo que lo hace inútil para la canalización del flujo de entrada.
 
 

Cabe señalar, por último, que la política de regulación de flujos ha de tener, necesariamente, una dimensión europea. Ninguna política de inmigración será acertada si se hace aisladamente del resto de países de la Unión Europea. Lamentablemente, lo que se está haciendo en Europa sigue la tónica de las políticas restrictivas de las últimas décadas, y la comunitarización del asilo y la inmigración establecida en el Tratado de Amsterdam, aunque acabará dando lugar a normativas comunitarias en estos terrenos, de momento no está dando muchos frutos en políticas de inmigración; lo que se quiere abordar con más urgencia es el control conjunto de las fronteras y los acuerdos de readmisión con países como Marruecos, es decir, más eficacia en el cierre de fronteras, más de lo mismo. Esta dimensión europea complica notablemente la posibilidad de dotarnos en España de una política de regulación de los flujos de entrada, pero creo que éste es el gran reto y que habrá que avanzar por ahí.
 
 

La política a desarrollar con los inmigrantes que ya están dentro ha de ser la de mejorar sus derechos equiparándolos en lo fundamental a los del resto de la población, porque sólo así se puede plantear su integración social, y la política con los que quieren venir deberá ser la de dotar de más legalidad a los flujos de entrada. Cuestionar los derechos de los que ya están dentro no resolverá nada respecto a los actuales flujos irregulares de inmigración. La ley que ahora propone el Gobierno empeorará las cosas y dejará sin resolver los grandes temas que se relacionan con la inmigración. 

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