• El proyecto de ley que el Gobierno tiene previsto aprobar en quince días busca ampliar el plazo de retención de los ilegales

Los Gobiernos central y canario acuerdan el traslado de  inmigrantes a otras Comunidades

Gobierno y oposición negociarán  a partir de mañana la  modificación de la normativa

Estrella Digital

Madrid

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjería que ha preparado el Gobierno busca ampliar el plazo de retención de inmigrantes ilegales y limitar sus derechos sociales en el campo de la educación y el acceso a la vivienda, según informaron fuentes parlamentarias conocedoras de los planes del Ejecutivo, quien también planea que algunas de las competencias actuales de Justicia, relativas al control de fronteras y visados, pasen al Ministerio de Interior.

Así lo pondrá de manifiesto el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, en los contactos que mantendrá con portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Esta ronda viene precedida de un almuerzo que el pasado martes ofreció el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a los portavoces de Justicia e Interior, en el que se habló de la tramitación de esta ley y del deseo del Ejecutivo de remitir su proyecto a las Cortes antes de fin de mes. 

Distinción entre legales e irregulares

La reforma planeada por el Ejecutivo, que parte de las enmiendas que se introdujeron la pasada legislatura en el Senado pero que decayeron en el Congreso, se centra en tres bloques de la vigente Ley de Extranjería. En el capítulo de derechos y libertades, se busca una mayor distinción entre los inmigrantes legales y los irregulares, con el fin de limitar a estos segundos prestaciones sociales relativas a la educación y el acceso a la vivienda. En cambio, no hay intención de modificar los derechos sanitarios, pues se entiende que son útiles para prevenir posibles enfermedades de origen subsahariano. 

En segundo lugar, se pretende aumentar los plazos de devolución de los inmigrantes ilegales, con el fin de que éstos puedan estar retenidos, a la espera de su entrada o posible deportación, más allá de los cuarenta días que actualmente contempla la ley. Por último, hay una serie de modificaciones relativas al control de las fronteras y la expedición de visados con las que se pretende quitar competencias a la Justicia para que sean asumidas directamente por el Ministerio del Interior, de quien depende la política de Extranjería en el actual Gobierno. 

Pronta tramitación

Estas propuestas serán puestas en conocimiento de los distintos grupos parlamentarios, recalcando que el Gobierno quiere tramitar pronto la reforma de la Ley de Extranjería, tal y como se ha comprometido el propio presidente del Gobierno, José María Aznar. El texto, que mañana será comunicado al Foro de la Inmigración que agrupa a las ONGs, será aprobado por el Gobierno en quince días con el fin de que pueda superar el debate de totalidad antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de junio. 

La idea es que ese proyecto, una vez en la Cámara, sea la base para posibles modificaciones parciales que se consensúen con los grupos ya después del verano. A priori, el PSOE ya ha dejado claro que no aceptará modificaciones de la Ley de Extranjería hasta al menos finales de año, una vez que se haya evaluado los resultados del texto vigente. Por su parte, CiU ha manifestado que no apoyará ningún cambio.