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16 junio
2000 - Nº 1505
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Sindicatos y oposición descalifican la reforma por "regresiva"
El PSOE considera el proyecto impropio de un país democrático, e IU, que casi lleva a la esclavitud
EL PAÍS, Madrid
Todos los grupos de la oposición parlamentaria, organizaciones
no gubernamentales y sindicatos rechazaron ayer el proyecto de reforma
de la Ley de Extranjería por su carácter "regresivo". UGT
considera que el cambio propuesto por el Gobierno "no sólo tolera,
sino que permite el tráfico de mano de obra y la explotación
de los trabajadores"; el PSOE lo califica de impropio de un país
democrático, e IU descarta la posibilidad de llegar a un consenso
porque el recorte de derechos fundamentales a los inmigrantes conducirá
a una situación no muy direrente de la "esclavitud".
Los sindicatos declararon ayer la guerra a la reforma planteada por
el Gobierno porque "supone una intolerable vuelta atrás" en los
derechos de los inmigrantes, en expresión de UGT. Este sindicato
asevera que la propuesta gubernamental "no sólo tolera sino que
permite el tráfico de mano de obra, la explotación de trabajadores"
de modo que "asume y perpetúa la utilización de mano de obra
barata sin derechos y sin posibilidad de defenderse". Tras acusar al Gobierno
de haber lanzado en los últimos meses "mensajes que han contribuido
a fomentar el rechazo a los inmigrantes", la central sindical afirma que
determinados empresarios dispondrán de trabajadores "sumisos" y
que se despoja a los sindicatos de los mecanismos de lucha contra la explotación.
Con un tono menos incendiario pero no menos indignado, CC OO acusó
al Ejecutivo de volver a "una política migratoria de marcado carácter
represivo" que incluso empeora la ley de 1985. Al igual que UGT, CC OO
hace hincapié en que la reforma elimina el derecho de huelga y sindicación
a los inmigrantes sin papeles y en el hecho de que esta propuesta
rompe el consenso que había alcanzado la vigente ley. En similares
términos se pronuncia Unión Sindical Obrera, que recuerda
que el texto actual ha sido considerado por la ONU un ejemplo de ley social.
Una calificación que podría suscribir el presidente de
la gestora del PSOE, Manuel Chaves, quien la considera "progresista y avanzada"
frente a la reforma que propone el Ejecutivo que "no es propia de un país
democrático" ya que recorta "derechos básicos de los ciudadanos
extranjeros". En una rueda de prensa el portavoz socialista de Interior,
Ramón Jáuregui, mostró su enfado por la actitud "hostil
al consenso" del Ejecutivo y explicó que su partido aboga por "una
negociación tranquila" porque "la ley es mejorable" pero no en los
términos que lo ha hecho el borrador "brutal" del Gobierno. Con
esos argumentos explicó que remiten cualquier negociación
con el Ejecutivo a septiembre, cuando la reforma llegue a las Cortes.
En IU, en cambio, dan por perdida cualquier posibilidad de acuerdo.
Su portavoz Felipe Alcaraz denunció que esta reforma afecta "a los
derechos humanos" y con ella se vuelve a la "dialéctica policial".
Con la restricción de derechos a los sin papeles "se abre
una posibilidad muy seria de explotación laboral y esclavitud".
"Uno no tiene derechos humanos porque tenga papeles; uno tiene derechos
humanos porque ha nacido", añadió Alcaraz, quien apostó
por movilizaciones sociales contra la reforma. Frente a la postura del
PSOE de dar un plazo para evaluar cómo funciona la ley en su aplicación
efectiva, IU no está dispuesta a revisar el texto actual que considera
"una ley de mínimos".
Pese a sus constantes enfrentamientos con el Gobierno el PNV se mostró
menos duro respecto al proyecto de reforma que el resto de la oposición.
La diputada Margarita Uría tras señalar que el Ejecutivo
"está manteniendo las formas" en este asunto, se limitó a
aclarar que a su grupo "le gusta más" la ley vigente.
Asimismo, tanto Iniciativa per Catalunya como Eusko Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana y Chunta Aragonesista mostraron en distintos grados su rechazo al cambio.
"Un rodillo sobre los más débiles", según ATIME
Con la reforma que ha propuesto el Gobierno español "va a pasar
un rodillo sobre los más débiles". La Asociación de
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) considera
que el proyecto de cambio legislativo del Ejecutivo será peor para
los extranjeros que la ley de 1985. Su portavoz Mustafa El M'Rabet declaró
que el Gobierno demuestra "una visión que da lugar a sucesos como
los que ocurrieron en El Ejido. Agregó que su colectivo "luchará
con uñas y dientes" para que no se cambie la vigente ley.
La Asociación Pro Derechos Humanos comparte esa visión
de la reforma legal como un planteamiento "a la defensiva" que deja en
segundo plano la atención social. "Amplía el círculo
de los ilegales, que seguirán existiendo, se les condena a la clandestinidad
y a los abusos de los empresarios sin escrúpulos", explicó
su presidente Fernando Mariño.
La asociación Andalucía Acoge, por su parte, interpreta
que el cambio legislativo responde a "un intento del Gobierno de tomarse
la revancha por haber perdido la votación" de la ley en diciembre
pasado. Su portavoz Esteban Tabares vaticinó que seguirán
llegando sin papeles a España ya que la inmigración "está
al margen de cualquier marco legal".
SOS Racismo denuncia, entre otras cosas, que "la irregularidad sobrevenida a la que condena la ley afecta a hijos de inmigrados" que han nacido en España.
La regularización en Italia exige 5 años de residencia y contrato laboral
L. G. / J. L. B, Roma / París
Las legislaciones europeas contemplan numerosas matizaciones a la hora
de fijar los periodos para obtener la residencia de los extranjeros. Los
casos excepcionales quedan al criterio de las autoridades.
Italia fija actualmente un cupo anual variable (en torno a 60.000 personas
el último) de trabajadores extracomunitarios que son admitidos en
el país. Estos trabajadores, que llegan con un contrato de trabajo
y un domicilio asegurado, tienen los mismos derechos, en educación
o sanidad, que los italianos. Aún así, el permiso de residencia
que se les otorga es temporal (un año), aunque prorrogable.
Un nuevo decreto de 1999 permite obtener la residencia permanente a
los inmigrantes con más de cinco años de residencia legal
en el país. Los requisitos son numerosos: carecer de antecedentes
penales, demostrar que se vive y trabaja en el país desde la fecha
mínima requerida, y presentar un contrato laboral en regla. El problema
lo plantean los inmigrantes que llegan de forma clandestina a Italia. La
nueva ley prevé la reclusión de estas personas en centros
de acogida donde permanecen hasta ser identificados y repatriados. El Gobierno
de centro-izquierda ha concedido además sanatorias o regularizaciones
periódicas de inmigrantes irregulares. La del año pasado
afectó a más de 200.000 inmigrantes.
Diez años en Francia
En Francia los extranjeros no comunitarios -excluidos los polígamos-
pueden obtener el permiso de residencia a partir de 10 años de estancia.
El problema con que se encuentran muchos, particularmente las empleadas
de hogar, es la dificultad para probar que efectivamente han residido en
el país durante ese período.
La última ley permite rebajar, con todo, las condiciones exigidas en la legislación anterior, y contempla la adjudicación de permisos de residencia a los científicos o investigadores, a los extranjeros con vínculos familiares en el país y a los enfermos graves. Los hijos de padres extranjeros nacidos en Francia alcanzan automáticamente la nacionalidad francesa a los 18 años.
