LUIS IZQUIERDO
MADRID. - El
delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández
Miranda, salió ayer en defensa de la reforma de la ley de Extranjería
y añadió que no hay ningún aspecto del borrador entregado
el miércoles a los grupos parlamentarios que sea inmodificable.
Fernández
Miranda quiso mostrar de esta forma que el Gobierno sigue dispuesto al
diálogo y deseoso de obtener el mayor consenso posible. "Todos los
aspectos de la reforma deben ser comentados y, ojalá, comentados
y consensuados", señaló el delegado gubernativo para la Inmigración.
Con la entrega
del borrador a los representantes del PNV concluyó ayer la primera
toma de contacto con los grupos parlamentarios. Aunque Fernández
Miranda mostró ayer su disposición a recibir propuestas de
modificaciones antes del 30 de junio, día en que el anteproyecto
de ley será aprobado por el Consejo de Ministros, la oposición
esperará a que comience la tramitación parlamentaria, ya
en el mes de septiembre. Los plazos han sido calculados para que la nueva
ley pueda estar vigente el 1 de enero del año próximo.
El delegado defendió
en su comparecencia que España debe adecuar su legislación
de extranjería a la del resto de los países miembros de la
UE. Así, dijo que ampliar el tiempo mínimo de permanencia
en España para obtener un permiso de residencia temporal de 2 a
5 años es aproximar este plazo a la media europea. "Italia, Alemania
y el Reino Unido tienen 5 años y Francia tiene 10 años",
apuntó.
"La reforma no
recorta ningún derecho fundamental", enfatizó el delegado,
y añadió que el nuevo texto protege el derecho a la vida
y a la integridad de los inmigrantes, pues permite "dotar al Estado de
los instrumentos necesarios para luchar de forma implacable contra las
mafias ".
"Los derechos
sociales son para quienes estén legalmente entre nosotros", añadió
el representante del Gobierno, para explicar a continuación que
España tiene la obligación de dotar a los inmigrantes a quienes
se permita la entrada de un puesto de trabajo digno.
Fernández
Miranda declaró que seguirá utilizándose el método
del cupo para establecer el número de permisos de residencia y trabajo
que se otorgarán cada año.