EL ESPANTO de Dover pudo haberse reproducido un día después en Mijas: 37 inmigrantes marroquíes y argelinos que llevaban cuatro días sin apenas comer ni beber fueron interceptados cuando se hacinaban en una furgoneta cuya puerta habían tenido que forzar para poder respirar. Tras ser interrogados por la Guardia Civil, fueron expulsados de manera fulminante. Es probable que la detención salvara la vida de algunos, pero su expulsión plantea serias dudas de legalidad.
 
 

La autoridad gubernativa ha apoyado esta decisión en el artículo 54, 2 b) de la vigente Ley de Extranjería, que es de aplicación a quienes pretenden "entrar ilegalmente en el país". La norma admite la deportación inmediata en este caso, como excepción al principio general de que la expulsión debe ser el resultado de un expediente administrativo. La pregunta que cabe hacerse es si ese artículo era aplicable a quienes llevaban ya cuatro días en territorio español. ¿Y por qué no a quienes llevan 40 días o 40 semanas? Con criterios tan laxos, cabría la expulsión directa de cuantos se encuentren en España en situación irregular. La ley en vigor reserva esa decisión excepcional a quienes son interceptados en un paso fronterizo. En los demás casos establece la tramitación de un expediente administrativo, con sus correspondientes plazos para presentar alegaciones y derecho a asistencia letrada.
 
 

La inmigración va a ser, como no deja de repetir el Gobierno, el fenómeno social dominante de los comienzos del siglo XXI. La ley debe intentar encauzar ese fenómeno, y hacerlo desde la tolerancia y la civilidad. Debe combatir, no a quienes tratan de escapar de la miseria, sino a las mafias que se dedican a traficar con esas personas, con efectos como el drama de Dover. Pero, desde este punto de vista, tan publicitado por el Gobierno, la expulsión impedirá a las víctimas declarar contra los miembros de la red detenidos.
 
 

Desde el Gobierno se había argumentado que la Ley de Extranjería debía ser modificada porque hacía imposible en la práctica la expulsión de los extranjeros que han entrado ilegalmente en España. O la expulsión última se ha hecho forzando la ley en vigor o su reforma no es tan necesaria como se pretende. 

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