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23 junio
2000 - Nº 1512
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Jueces del Supremo afirman que la expulsión de los marroquíes de Mijas vulneró la legalidad
El delegado de Inmigración defiende la legalidad de la medida, y PSOE e IU piden explicaciones
EL PAÍS, Santander/Madrid
Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo reunidos en Santander
para analizar la justicia constitucional señalaron que la expulsión
de los 36 inmigrantes de Mijas (Málaga) podría haber vulnerado
su derecho a la tutela judicial, al habérseles impedido recurrir
la orden de expulsión. La tormenta judicial y política desatada
en torno a las expulsiones provocó que PSOE e IU reclamaran la comparecencia
del ministro del Interior en el Congreso. El titular de Exteriores, Josep
Piqué y el delegado de Inmigración, Enrique Fernández-Miranda,
se afanaron en defender la legalidad de la medida.
son trasladadas a comisaría (J. Bienvenido). |
José Antonio Martín Pallín consideró que,
"a primera vista" se ha privado a los inmigrantes de algunos mecanismos
legales establecidos en la Ley de Extranjería: "Lo lógico
es que estas personas hubieran tenido la posibilidad de asistencia letrada
o de ejercitar algún mecanismo legal", dijo Martín Pallín.
Añadió que interponer un recurso contencioso administrativo,
una vez que los inmigrantes están fuera del país, sería
un "gasto inútil que no llevaría a ninguna parte", salvo
que lo realizara alguien "con la paciencia necesaria para esperar el peregrinaje
judicial y pedir la ejecución de la sentencia" , que de ser favorable
implicaría el regreso a España. "Pero sería una utopía,
porque estas personas ni tienen medios económicos, ni pueden seguir
este largo proceso", dijo.
Por su parte, Conde-Pumpido explicó que la actual Ley "no contempla
como causa de expulsión el mero hecho de estar en situación
ilegal" en España, sino que tiene que haber otras circunstancias
adicionales, como la vulneración del orden.
En el mismo sentido, el fiscal de Sala Martín Casallo afirmó
que "no se puede devolver a nadie sin la defensa de un letrado" y señaló
que la actuación del Ministerio del Interior "no se ha ajustado
al espíritu de la nueva Ley de Extranjería", al haberse dado
una interpretación "restrictiva" de la misma "que vulnera los derechos
de defensa". El fiscal del Supremo José María Paz expresó
su creencia de que "el Tribunal Constitucional dirá que devolver
a alguien en derecho de retorno sin asistencia de letrado vulnera derechos
constitucionales, que es distinto de que se haya vulnerado la Constitución".
Que intervenga Cardenal
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) pidió, a
través de su portavoz, Montserrat Comas, la inmediata intervención
del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, para que éste recurra,
en su caso, ante el Constitucional, "la resolución de retorno que
no ha podido ser objeto de recurso administrativo o judicial".
En sentido opuesto, el delegado del Gobierno para Extranjería
e Inmigración, Enrique Fernández- Miranda, sostuvo que a
los inmigrantes descubiertos en Mijas se les aplicó "escrupulosamente"
la Ley de Extranjería.
El secretario de Estado indicó, en una nota, que a los inmigrantes
"se les aplicó el artículo 54.2 de la ley de Extranjería
en el que se dice que no será preciso que se incoe un expediente
de expulsión para la devolución de los extranjeros que son
detenidos cuando quieren entrar ilegalmente en España".
Según Fernández-Miranda, no se puede afirmar que no se
les dejó declarar, "cuando han sido formalmente identificados y
no han tenido oportunidad de hacerlo. "Se ha actuado de forma impecable
y lamento de verdad que alguien esté intentado crispar a la sociedad
informando de hechos que no se han producido", concluyó.
A su vez, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio,
puntualizó que, en muchas ocasiones, a los inmigrantes ilegales
"se les coge tierra adentro". "En este caso algunos llevaban las ropas
mojadas con agua salada, acababan de entrar en el país", informa
Ignacio Martínez .
Rubio se declaró partidario de modificar la Ley de Extranjería porque ahora "es más fácil entrar en España ilegalmente, que hacerlo de manera legal". Y lo explicó con un ejemplo: "Si un marroquí camarero de Casablanca consigue un contrato de trabajo en un bar en la Costa del Sol y quiere venir legalmente, irá al consulado español de Casablanca y pedirá un visado. El consulado enviará la solicitud a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en donde el departamento de Trabajo consultará si hay parados en ese sector. Como en España hay parados registrados en todos los sectores, la solicitud será rechazada. El camarero, entonces, puede venir en una patera y si consigue pasar irá al bar a trabajar de ilegal. Si entonces lo cogemos no lo podremos echar".
CiU pide una fiscalía para la inmigración
M.G, Madrid
El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, reclamó ayer
la puesta en marcha de una "fiscalía especializada en cuestiones
migratorias", similar a las que ya hay contra la droga o la corrupción,
para combatir a las mafias que trafican con inmigrantes. También
reclamó "una acción contundente contra la explotación
laboral" de los extranjeros indocumentados, pues "sin explotación
laboral las mafias no podrían actuar".
Trias hizo esta propuesta durante el debate sobre el Consejo Europeo
de Feira (Portugal), celebrado ayer en el pleno del Congreso. El hecho
de que la tragedia de Dover (Reino Unido), en la que perecieron 58 inmigrantes
chinos, se produjera mientras los jefes de Estado y de Gobierno europeos
estaban reunidos hizo que tanto parte de la cumbre como del debate de ayer
se centrara en el problema de la inmigración ilegal.
El presidente, José María Aznar, no contestó a
la propuesta de CiU, pero sí anunció que, durante la presidencia
francesa de la UE, de julio a diciembre de este año, el Gobierno
español presentará una iniciativa completa para desarrollar
la política de Justicia y Seguridad común de la Unión.
En concreto, aludió a la necesidad de desarrollar la cooperación
entre Europol, la oficina europea de policía y los Estados miembros,
así como a la puesta en marcha de una política única
de inmigración y asilo.
"Tenemos que adoptar medidas comunes que permitan razonablemente controlar
el flujo de la inmigración como elemento de garantía para
el reconocimiento de la inmigración legal en términos de
derechos políticos, sociales y económicos equivalentes a
los de los nacionales de un Estado miembro y, a la vez, garantizar la seguridad
de las fronteras exteriores", dijo.
Agregó que debe evitarse a toda costa "que puedan florecer mafias u organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas". "Si no somos capaces de distinguir entre lo que es la inmigración legal y la ilegal y la necesidad de unos flujos ordenados que garanticen derechos, estaremos apostando por tener gravísimos problemas" en el futuro, concluyó.
Piqué ve "fuera de tono" que el PSOE cuestione la repatriación
EL PAÍS, Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, consideró
ayer "fuera de tono" que el PSOE cuestione la legalidad de la actuación
del Gobierno al expulsar a los inmigrantes "ilegales" interceptados en
la madrugada del pasado martes en Mijas. El portavoz de la comisión
de Interior del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, había
pedido antes que la próxima semana comparezca el ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja, para que explique la expulsión de los inmigrantes.
Izquierda Unida anunció también que pedirá la comparecencia
urgente de Mayor.
"A estas alturas, poner en duda que España se comporta de acuerdo
con los principios de un Estado de Derecho y de acuerdo con la legalidad
me parece fuera de tono y fuera de cualquier tipo de mesura", dijo Piqué
en los pasillos del Congreso.
Piqué reconoció que los últimos sucesos han provocado
"una cierta conmoción" en la opinión pública, pero
abogó por evitar "cualquier tipo de demagogia" para preservar los
derechos de los inmigrantes y atajar "la proliferación desafortunada
de mafias que trafican con personas y que corresponden a comportamientos
criminales".
Por otra parte, los responsables de los servicios de Extranjería
de 36 Colegios de Abogados españoles expresaron ayer su preocupación
por "el cercenamiento del derecho de asistencia letrada gratuita" en el
proyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
A su vez, el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Enrique Santiago, afirmó que lo sucedido en Mijas supone un "ataque frontal" a la ley de Extranjería.
