Endurecer las leyes estatales y europeas contra las mafias que trafican con seres humanos es de la máxima urgencia, pero esto no bastará para afrontar la situación. Ha llegado el momento inaplazable de que la UE examine a fondo la cuestión, analice las causas y las consecuencias, incluida su propia responsabilidad, y se plantee una política común frente a la imparable avalancha. El señuelo de nuestras sociedades desarrolladas, donde, por cierto, tampoco falta la pobreza, es demasiado luminoso para impedir que los habitantes más míseros de países sin esperanza decidan emprender una aventura a vida o muerte. Resulta duro, pero para esas gentes que se ocultan entre los ejes de un camión o afrontan la soledad de los mares a bordo de una frágil patera, morir en el intento sólo es una consecuencia posible de su lucha por sobrevivir. En su gesto desesperado hay una dignidad humana, un estricto componente heroico, que hace tambalear nuestra propia satisfacción de ciudadanos prósperos.

Aunque ahora nos parezca una novedad, la tragedia de las emigraciones colectivas es tan antigua como la presencia del hombre sobre la Tierra. Los desheredados jamás se han detenido en su esfuerzo temerario por escapar de la pobreza, porque en ella tampoco existe la libertad. Acogerles con solidaridad, conscientes también de que les necesitamos, es la solución.