Viernes
23 junio
2000 - Nº 1512
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El juez llama a declarar al menor que viajaba en el furgón de inmigrantes
Monsif, de 17 años, está en un hogar de Vélez
I.M./J. A, Málaga
El juez de Fuengirola (Málaga) que se ha hecho cargo del
caso de los 37 inmigrantes que viajaban hacinados en una furgoneta solicitó
ayer a la Fiscalía de Menores de Málaga la comparecencia
del menor que los acompañaba y que no fue devuelto a Marruecos aquella
misma noche con los otros 36 norteafricanos. El joven Monsif, de 17 años,
es el único que podría ayudar en la investigación
y aportar datos sobre cómo llegaron y quiénes organizaron
el viaje.
Fuentes judiciales aseguran que el menor ha sido llamado para que declare
"antes de que pudiera ser expulsado a Marruecos". Se trataría de
evitar lo ocurrido con sus 36 compañeros de viaje, que volvieron
a su país de origen sin declarar sobre quién o quiénes
organizaron la expedición, ni cuál era su origen y su destino.
La instrucción del sumario pasó ayer por la mañana
a José Manuel Rosa Pérez, titular del Juzgado número
siete de Fuengirola, de guardia en el momento de la detención del
furgón, a las dos y media de la madrugada del martes. Hasta ahora
había llevado las diligencias el titular del Juzgado número
uno, Francisco Escobar, de guardia en el momento en el que la Policía
llevó a declarar por primera vez al conductor del furgón.
La Fiscalía de Málaga entiende que Monsif "es víctima
de un delito y posible colaborador para su esclarecimiento". El juez instructor
del caso de tráfico de inmigrantes ilegales cursó ayer un
fax a la Fiscalía de Menores pidiendo su comparecencia como testigo.
El muchacho está desde la tarde del martes en la Escuela Hogar
Virgen de la Victoria, un centro de atención al menor dependiente
de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
En la provincia de Málaga hay media docena de centros de este tipo,
en los que en este momento residen en las mismas circunstancias de Monsif
52 jóvenes marroquíes menores de edad.
Una fuente de la Junta precisó que esos centros de atención
al menor no son correccionales: "Estos muchachos no son delincuentes. Nuestra
labor es de integración social, aquí no están encerrados,
ni con un régimen cuartelero, ni disciplinario. Se trata de un colegio
en el que hay un control". Monsif ha entrado en el programa inicial de
estos internos, con clases de español básico para que pueda
empezar a comunicarse. El joven, natural de Marraquech, tampoco habla un
francés fluido. En el centro Virgen de la Victoria convive con otros
13 muchachos, entre ellos cuatro chicos de su misma nacionalidad.
La situación legal de estos menores de edad es clara: hasta la
mayoría de edad están bajo la tutela de la Junta de Andalucía,
que en teoría debe procurar el reagrupamiento familiar. En contra
de los temores expresados por el juez que instruye el caso del tráfico
de inmigrantes ilegales, no pueden ser expulsados.
La fiscal de menores de Málaga María Victoria Gutiérrez
precisó que el reagrupamiento familiar "es una orientación
legal, que no suele cuadrar con casos como éste". Los jóvenes
en estas circunstancias no suelen dar datos y, en todo caso, las familias
lo que pretenden es que los jóvenes sean una avanzadilla que permita
después que vengan los demás.
Entre todos sus centros de atención al menor, la Junta de Andalucía acogió el año pasado a 192 magrebíes menores de edad. En un 20% de los casos, aproximadamente, los servicios sociales consiguieron la vuelta a casa de estos jóvenes. Si, como ocurre en ocasiones, la familia se desentiende de ellos, la Junta asume su tutela hasta la mayoría de edad, responsabilizándose de su escolarización. Es habitual, sin embargo, que se escapen de estos centros de acogida. Suele ocurrir en un 40% de los casos. "Se van y muchas veces vuelven a los tres días, cuando no encuentran recursos para valerse por su cuenta y pasan hambre", dice una fuente de la Junta de Andalucía.
La fiscalía de Málaga no interrogó a los expulsados porque no fue informada
El subdelegado del Gobierno dice que "no tenían voluntad de colaborar"
I. MARTÍNEZ / J. ARROYO, Málaga
La Fiscalía de Málaga no tuvo en ningún momento
conocimiento oficial de la estancia en España del grupo de inmigrantes
detenidos por la Guardia Civil en Mijas (Málaga) en la madrugada
del pasado martes. Un miembro de la fiscalía indicó a este
periódico su extrañeza ante la falta de información:
"Nos habría permitido proponer a la autoridad gubernativa el interrogatorio
de esas personas, que son víctimas, perjudicados y testigos".
Según la misma fuente, "la ley dice que si el ministerio fiscal
tiene conocimiento de alguna expulsión o repatriación puede
proponer a la autoridad administrativa que la posponga, si cree que debe
tomar declaración a alguna persona". En este caso, "la fiscalía
lo habría propuesto, aunque luego sería potestad de la autoridad
gubernativa aceptarlo o no".
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, justifica
el procedimiento "porque no había una voluntad clara de colaboración"
por parte de los detenidos. La Guardia Civil y la Policía Nacional
preguntaron a los magrebíes sobre su filiación y las circunstancias
de su entrada en España, "pero dieron nombres falsos, dijeron que
no sabían nada, tenían miedo a las represalias y no había
ninguna posibilidad de que fueran a colaborar más".
Molestia en los juzgados
La diligencia de la policía en devolver a los 36 inmigrantes
a su país sin tomarles ninguna declaración -apenas transcurrieron
20 horas desde que fueron descubiertos hasta que cruzaron la frontera de
vuelta a Marruecos por el puesto fronterizo de Tarajal, en Ceuta- también
ha sorprendido a los jueces que han llevado la instrucción. Francisco
Escobar, que condujo las primeras fases del caso, sólo quiso manifestar
que, ante la actuación de la policía, "cada uno saque sus
consecuencias".
Las primeras medidas adoptadas por el nuevo instructor han sido, según
fuentes del juzgado, solicitar la declaración del menor que no ha
sido devuelto a Marruecos y pedir a Interpol "que haga las gestiones necesarias
para localizar las tramas que han traído a estas personas a España
y para suplir lo que no se ha hecho aquí". Personas cercanas a la
instrucción reconocen que "habría sido más fácil
instruir este caso si tuviéramos la declaración de las 36
personas expulsadas". Estas mismas fuentes coinciden en que esta salida
tan precipitada "no debería volver a repetirse".
Hasta este momento, el caso sólo cuenta con un implicado, Pedro Miñarro, El chino, conductor de la furgoneta que transportaba a los inmigrantes y que ingresó el miércoles en la prisión de Alhaurín de la Torre. La investigación, a cargo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, se está centrando en las provincias de origen y de destino del viaje, Cádiz y Murcia, y pretende llegar hasta el final, es decir, hasta los empresarios que se aprovechan de estos inmigrantes y los contratan por poco dinero y en condiciones infrahumanas. Hasta el momento, las averiguaciones no han aportado ninguna pista definitiva.
