Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el Fiscal de Sala de ese mismo tribunal, que participan en el foro de la UIMP, bajo el epígrafe de «Los límites de la justicia constitucional ante la justicia ordinaria», explicaron que los inmigrantes «tienen derecho a ser asistidos por abogados y a recurrir la orden de expulsión antes de que se haga efectiva».

 En este sentido, Martín Pallín, para quien la actual Ley de Extranjería «es buena y además también goza del consenso de todos los partidos», «a primera vista y sin conocer a fondo los términos de la expulsión, se ha privado a estos inmigrantes de algunos mecanismos legales que se establecen en la citada Ley. El magistrado especificó: «no quiero decir que tengan derecho a estar en España, sino a que se debata la legalidad de su situación». De hecho, insistió en que «lo lógico es que estas personas hubieran tenido la posibilidad de asistencia letrada o a ejercitar algún mecanismo legal».

 Martín Pallín restó importancia a la posibilidad de plantear un recurso, contencioso-administrativo, pues «cuando están fuera del país es un gasto inútil que no llevaría a ningún lado, salvo que algún ciudadano tuviera la paciencia necesaria para esperar ese peregrinaje jurisdiccional y pedir luego la ejecución de la sentencia». 

El magistrado y director del curso en la Magdalena declaró que «es una utopía, porque ni tienen bienes económicos, ni pueden seguir esperando el proceso». A su juicio, sería necesario que en los centros de entrada y salida a España existieran servicios jurídicos a los que acudir, aunque mostró como ejemplo negativo el hecho de que antes incluso de aprobarse la actual Ley de Extranjería se habían establecido unos servicios jurídicos de asistencia a inmigrantes en el aeropuerto de Barajas que, según sus informaciones, «fueron suprimidos de forma prematura». 

Profunda modificación

 Martín Pallín, en su reflexión sobre el proyecto legislativo que prepara el Gobierno y que introduce cambios en la actual Ley de Extranjería, expresó su convencimiento de que «irremediablemente caminamos hacia una profunda modificación de la Ley». Si bien afirmó no conocer el contenido de los cambios, recordó algunos antecedentes significativos de la elaboración de la actual Ley, y concluyó: «están en juego derechos muy importantes, como la tutela judicial efectiva, el de igualdad ante la ley, o los de reunión y asociación».

 Por su parte, Cándido Conde Pumpido aseguró al respecto que «la ley tal y como está contemplada y vigente no contempla como causa de expulsión el mero hecho de estar ilegal, es decir, que para poder expulsar tiene que haber alguna circunstancia adicional como la vulneración del orden». Sobre el proyecto de modificación de la Ley planteada por el Gobierno Aznar, apuntó la necesidad de distinguir «entre la política de inmigración y los derechos de los ciudadanos que ya se encuentran en España, un aspecto, consideró, en el que «no se debería ir hacia atrás y parece que el proyecto legislativo va hacia atrás».
 
 

Interpretación restrictiva 

Precisó, además, que la Ley reconoce a todos los extranjeros que se encuentran en esta situación el derecho a formular un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, e incluso solicitar la suspensión cautelar de la expulsión mientras se prolongue la tramitación del recurso.

 Finalmente, el fiscal del TS José María Paz Rubio aseguró que ha existido en el caso de los inmigrantes expulsados «una interpretación restrictiva del Ministerio del Interior de los derechos de los extranjeros, en particular del derecho de defensa» y, fue más allá al hablar de «una actuación no ajustada al espíritu de la nueva Ley de Extranjería». En este sentido, avanzó su creencia de que «el Constitucional manifestará que devolver a alguien en derecho de retorno sin esa audiencia de letrado vulnera derechos constitucionales, que es distinto de que haya vulnerado la Constitución».