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Inmigrantes de Mijas fueron expulsados sin derecho a abogado ni a declarar
Jueves, 22 junio 2000
Redacción, iBrujula.com
Partidos políticos, como el PSOE, organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Andalucía Acoge, y asociaciones judiciales, como Jueces para la Democracia, consideran en que el Gobierno español ha vulnerado la vigente Ley de Extranjería ya que los inmigrantes ilegales descubiertos por la Guardia Civil en una camioneta en la localidad de Mijas (Málaga) fueron expulsados pocas horas después a Marruecos sin que se les facilitara la asistencia de un abogado ni llegasen a prestar declaración contra las mafias responsables de su entrada ilegal en España.

De los 36 inmigrantes sólo uno, al que se reconoció como menor de edad tras las pruebas médicas, permanece en España. El resto fue expulsado de modo fulminante el martes por la noche, a bordo del ferry que cubre la línea Algeciras-Ceuta.

La subdelegación del Gobierno en Málaga, según un portavoz, les aplicó el artículo 54.2.b. de la Ley de Extranjería, según el cual "no será preciso expediente de expulsión para el retorno de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país". Sin embargo, el artículo 56 de la misma ley precisa que el retorno sólo puede aplicarse a "los extranjeros a los que en la frontera no se les permita el ingreso en el país".

La expulsión fulminante, sin agotar ni siquiera el plazo legal de 72 horas, ha impedido que los marroquíes puedan acogerse al artículo 55 de la ley, que permite permanecer en España a quienes colaboren en la desarticulación de las mafias que trafican con inmigrantes. Por el mismo motivo, ni siquiera llegaron a prestar declaración ante el juez que investiga la trama que los trajo a España y que ha enviado a prisión al conductor de la furgoneta.

Además y amparándose en el procedimiento de retorno, la Subdelegación del Gobierno en Málaga negó a los inmigrantes el derecho a un abogado, a pesar de que el artículo 20 de la ley señala que "los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada o a su expulsión o a su salida obligatoria en el territorio español".
 
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