JORGE MARIRRODRIGA , Madrid 

Gráfico: Corrientes de inmigrantes ilegales a la UE

Entre 300.000 y 500.000 inmigrantes indocumentados logran atravesar cada año las fronteras europeas, según estimaciones que maneja la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo internacional con sede en Ginebra. Esta cifra se mantiene desde 1990 a pesar de los esfuerzos realizados por los países exteriores de la Unión Europea por hacer menos permeables las fronteras.
 
 

Las mismas cifras señalan que sólo en el sur de la UE viven unos tres millones de indocumentados, repartidos entre España, Portugal, Italia y Grecia, países que también sirven de corredores hacia otros destinos. Así, la inmigración ilegal procedente del norte de África que llega a través del estrecho en muchas ocasiones tiene como destino Francia o Bélgica, Estados con significativos porcentajes de población de origen magrebí. En el caso de Italia, predomina la inmigración albanesa, kurda y turca que en numerosos casos se dirige a Alemania.
 
 

Y es que el tráfico de personas se ha convertido para las mafias en un negocio más lucrativo y menos arriesgado que los tradicionales de drogas, armas y coches robados. Según Europol, son las mafias del este de Europa, especialmente rusos y albaneses, las que manejan el "negocio", y su influencia es tal que se han desplazado a otras potentes organizaciones, como bandas colombianas o nigerianas, dedicadas al tráfico de drogas o el blanqueo de dinero. Según la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), se trata de un "negocio floreciente" que afecta especialmente a mujeres y niños.
 
 

El principal problema a la hora de valorar la inmigración ilegal estriba en el desconocimiento de cifras reales. Las orientaciones más pesimistas señalan que el número de 500.000 inmigrantes indocumentados por año manejado por la OIM corresponde únicamente a mujeres que son forzadas a prostituirse. "Y no sólo forzadas a prostituirse, sino que frecuentemente son vendidas como trabajadoras esclavas o entregadas en adopciones ilegales en el caso de los niños", estima Gerald Stoudmann, de la OSCE.
 
 

Las redes de inmigración ilegal se han encontrado con un inesperado aliado para facilitar sus movimientos. El Tratado de Schengen -firmado por España, Alemania, Francia, Benelux, Italia, Portugal y Austria-, que elimina las barreras físicas para el tráfico de personas entre varios países de la UE, hace más difícil el control de los inmigrantes sin papeles y permite que una vez traspasada la frontera europea se puedan dirigir a diversos Estados sin ningún contratiempo, excepto si la mala suerte les hace toparse con los controles policiales destinados a detectar el tráfico de personas.
 
 

Varios de los países firmantes del Tratado de Schengen han exigido que sea posible una fórmula eficaz de interrupción del tratado cuando se estime necesario. Así ya lo ha hecho Francia con motivo de los atentados terroristas en el metro de París en 1995 y para controles sobre tráfico de estupefacientes, pero no con motivo de movimientos de inmigración ilegal. Bélgica utilizó la misma cláusula en enero de este año argumentando que los hacía para regularizar a la población que residía ilegalmente en el país -que se calcula entre 70.000 y 80.000 personas-, pero evitando el efecto llamada. Precisamente es el efecto llamada -que se produce cuando corre la voz entre los inmigrantes de que un país regulariza la residencia con más rapidez que otros, lo que provoca un mayor flujo de inmigrantes a ese país- el principal obstáculo a la hora de adoptar medidas drásticas, pero efectivas, para otorgar permisos de residencia. En Italia, donde las cifras más moderadas estiman en 300.000 el número de inmigrantes indocumentados, la mayor parte procedentes del este de Europa, se realizan ajustes periódicos para evitar que los inmigrantes se instalen en la economía sumergida del país. Así se ha legalizado la situación de 200.000 personas tanto en 1995 como en 1999 si eran capaces de presentar un papel -de cualquier clase- en el que se reflejara que estaban trabajando o que lo iban a hacer. Medidas excepcionales que no han evitado que el estrecho de Otranto sea una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal a Europa. Francia ha procedido a una medida similar que ha culminado con la legalización de la residencia de 83.000 personas.
 
 

Otros países, como Alemania, se enfrentan a agujeros legales por donde inmigrantes sin papeles con motivaciones económicas se quedan en el país, a veces con subsidios, incrementando el efecto llamada. Entre 1990 y 1999, casi dos millones de personas solicitaron en Alemania el asilo político, lo que impide su expulsión hasta que se resuelva su caso. En Reino Unido, más de 100.000 personas esperan a que las autoridades se pronuncien sobre su petición. Este año se concederá la residencia a 30.000 personas que llegaron antes de 1995.
 
 

Las autoridades españolas estiman que en estos momentos en las costas de Marruecos hay unas 5.000 personas aguardando a cruzar el Estrecho. En lo que va de año, 4.215 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en las playas de Andalucía; de ellos, 4.100 sólo en la provincia de Cádiz. Los servicios de la Guardia Civil del Mar han interceptado más de 20 pateras en aguas el Estrecho.
 
 

Y mientras Europa trata de frenar la inmigración ilegal, se da la paradoja de que según un reciente informe de la ONU, Europa va a necesitar importar en los próximos 25 años cerca de 160 millones de trabajadores extranjeros para paliar la falta de mano de obra, debido al descenso de natalidad. 

EL PAÍS , Madrid 

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