Por ello, IU pedirá la comparecencia urgente del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en el Congreso "para que dé cuenta del desprecio a los derechos y la Ley de Extranjería en vigor" y reclamó que la Junta de Andalucía se persone en protección de los derechos del único menor que viajaba en el furgón y el único del grupo que permanece en España, que está en un centro de acogida de Málaga. 

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Romero, aseguró en conferencia de prensa que se produce "una indefensión de los mecanismos judiciales", ya que no se podrá localizar a los inmigrantes para que sigan en el proceso judicial abierto ante este tráfico ilegal de personas tipificado como delito al ser devueltos a su país el mismo día en que fueron localizados. 

Este asunto "no puede terminar con el encarcelamiento de un conductor sin carné de Lorca como eslabón de un grupo mafioso" y hay que perseguir de oficio el comportamiento de los empresarios que iban a contratar a los inmigrantes en tareas agrícolas "porque no respetan las leyes laborales", dijo. 

"La conclusión política más importante que se extrae es que no quieren combatir con eficacia las redes mafiosas que se asientan en nuestro territorio, no sólo en la otra orilla del Mediterráneo, los cargos de prueba y los testimonios fueron devueltos a Marruecos, el juicio y los procedimientos legales no tendrán a una persona que demuestre cómo operan las redes desde la salida de Marruecos hasta la llegada al destino para sobreexplotarlos", destacó. 

Consideró que con la actuación en este caso "se pasa al terreno de la represión policial y no al debate sosegado de aplicación de la Ley a inmigrantes , que son personas con derechos y deben colaborar con la justicia para esclarecer las redes mafiosas" y recordó las devoluciones de un centenar de inmigrantes africanos en 1996 desde Málaga "sedados y drogados" en una forma de resolver los problemas que calificó de "estilo totalitario y policíaco". 

Lamentó que no se haya elaborado el reglamento de la Ley de Extranjería y que el Gobierno incumpla la ley al no obligar a los inmigrantes a declarar qué mafias les engañan y qué infraestructura de contactos han tenido, con lo que cree que el Ejecutivo "actúa como si ya hubieran reformado la Ley" en lo que calificó como "una situación alegal, actuando de facto con la ley aprobada y en contra de sus principios generales".