La devolución inmediata de los 36 inmigrantes interceptados en Mijas (Málaga) cuando viajaban hacinados en una furgoneta "es una vulneración absolutamente grave de la actual Ley de Extranjería e incluso de la antigua", según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Los inmigrantes irregulares, de origen magrebí, no recibieron asistencia letrada "y fueron interceptados ya dentro de la península y no en la zona de frontera, lo que cambia sustancialmente su situación", denunció la presidenta de CEAR, Delia Blanco. 

"Es muy difícil incoar un expediente como el que ha incoado la Subdelegación del Gobierno en Málaga sin asistencia letrada de los inmigrantes", aseveró Blanco, quien se mostró "preocupada, porque este tipo de vulneraciones sientan precedente". 

La presidenta de CEAR criticó al Gobierno "por acusar a los inmigrantes de no haber querido colaborar con la justicia y con la policía en la denuncia de las mafias". 
"Difícilmente podían hacerlo si no tenían un intérprete ni estaban acompañados de un letrado, porque el miedo de las personas cuando son interceptadas por la policía y saben perfectamente que pueden ser devueltas o expulsadas les hace incapaces de colaborar", espetó. 

La actual ley -explicó- pone en manos de la justicia y de las fuerzas de orden público "todos los instrumentos" para que los inmigrantes puedan denunciar las mafias. Por ello, "si lo que quiere el Gobierno es luchar contra las mafias y no contra los inmigrantes, tiene mecanismos para hacerlo". 

"Pero si el Gobierno lo que quiere es expulsar a los inmigrantes y convertir este país en un pionero en cómo se les expulsa, eso es lo que acaba de hacer en Málaga", aseguró Blanco. 
Además, advirtió al Ejecutivo de que "es muy fácil ser muy fuerte con los más pobres e indefensos, pero eso tiene un coste y lo tendrá también para el Gobierno a medio plazo.