Viernes
30 junio
2000 - Nº 1519
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CEAR ve inconstitucional la reforma del PP de la Ley de Extranjería
La organización niega el 'efecto llamada'
LUCÍA ABELLÁN, Madrid
La reforma que el Gobierno pretende introducir en la Ley de Extranjería
no sólo es regresiva con respecto al texto actual, sino que además
algunos de sus artículos son inconstitucionales. Ésta es
la conclusión que extrae la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR) de un informe propio que analiza los cambios planteados.
Según esta organización, este estudio es el primero que argumenta
con base jurídica los inconvenientes del proyecto de ley del Gobierno.
En su redacción han participado, entre otros, un juez de la Audiencia
Nacional, otro adscrito al Ministerio de Justicia y un tercero del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. Dado el carácter crítico
del documento, los jueces no han querido revelar su identidad.
Para CEAR, organización integrada en el Foro para la Inmigración,
el hecho de que la reforma del Gobierno reserve los derechos de reunión,
asociación y huelga sólo a los extranjeros que vivan legalmente
en España es inconstitucional.
Según Juan José Rodríguez, vicepresidente de la
asociación, la Constitución reconoce estos derechos a todas
las personas, no sólo a los ciudadanos que residen en España
de forma legal.
Otro derecho que la Carta Magna considera universal es la tutela judicial
efectiva. En la reforma del Gobierno queda restringida a "los extranjeros
que se hallen en España", lo que impide, por ejemplo, que los familiares
de los inmigrantes residentes en España puedan pedir desde fuera
su reagrupamiento. Los extranjeros no regularizados tampoco tendrán
derecho a la asistencia jurídica gratuita. El Defensor del Pueblo
tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo.
CEAR niega el efecto llamada de la actual Ley de Extranjería (la afluencia masiva de inmigrantes por los beneficios de la norma vigente). Según sus datos, en el primer semestre del año 1.500 personas lograron entrar de manera irregular por el sur de España, la mitad que en el mismo periodo de 1999.
