«La reforma recrudecerá las penas por explotar y traficar con inmigrantes»

«La ley actual ha provocado un efecto llamada que ha incrementado la entrada de ilegales significativamente»

PAZ GÓMEZ • MURCIA
No será tan perjudicial. El delegado del Gobierno en Murcia critica que la oposición, los sindicatos y las ONG estén generando la alarma entre los inmigrantes al «filtrar una versión interesada y sesgada» del borrador que ha preparado el Gobierno para reformar la ley de Extranjería. En contra de lo divulgado, José Joaquín Peñarrubia asegura que «todos los extranjeros, legales o ilegales, tendrán asistencia sanitaria con sólo empadronarse y acceso a la educación obligatoria». Se mantiene la posibilidad de la reagrupación familiar, la expulsión rápida será para delincuentes y el contingente se aprobará acorde a la oferta laboral. Asegura que «se recrudecerán las penas por traficar con extranjeros» y advierte de que «el efecto llamada de la ley en vigor ha traído a cantidades significativas de ilegales».

Pregunta. ¿El Gobierno va a pegar un recorte a los derechos de los inmigrantes con la reforma de la ley de Extranjería?

 Respuesta. Eso no es cierto. Los partidos de la oposición, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han filtrado a los medios de comunicación una versión interesada y sesgada del borrador de la reforma. Este borrador busca el mayor consenso posible sin recortar ni un derecho fundamental de los inmigrantes que residen en este país. 

P. Entonces, ¿por qué se reforma una ley tan reciente?

 R. Porque hemos pasado de una ley socialista muy restrictiva, que se limitaba a establecer el modo de controlar el acceso de los flujos migratorios, a la ley actual, que es la más permisiva de toda Europa. Se trata de buscar un punto medio y equipararnos a las legislaciones del resto de la Unión para ordenar la inmigración y garantizar la integración social de todos los extranjeros. Nada tiene que ver con quitar derechos. Se respeta el derecho a sindicarse, a la huelga, de libre circulación, de reunión, a la Seguridad Social, a la asistencia jurídica...

 P. Las organizaciones sociales se quejan de que el Gobierno resta servicios básicos a estas personas. ¿Qué pasará con la asistencia sanitaria?

 R. Tampoco es cierto que la reforma abogue por atender sólo a los legalizados. El borrador recoge que sea cual sea la situación administrativa del extranjero, recibirá la misma atención sanitaria que un español. El único requisito es estar empadronado para que sepamos que existe y organizar los servicios. Los que no se empadronen, tendrán los servicios de urgencia, excepto las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, que acceden a la atención primaria aunque sean ilegales.

 P. ¿Y la educación?

 R. Sucede lo mismo. Todos los extranjeros menores de 18 años tendrán acceso gratuito a la enseñanza obligatoria. Y el resto de servicios básicos se plantean de igual modo. Los residentes extranjeros pueden solicitar la reagrupación de familiares: cónyuge, hijos y menores o incapacitados.

 P. Asociaciones como Atime han advertido de que si se acelera el proceso de expulsión, los inmigrantes ilegales tendrán miedo a empadronarse o a denunciar abusos y a mafiosos...

 R. Como delegado del Gobierno acredito que el padrón nunca será utilizado para expulsar a nadie. Es el medio mínimo para organizar los flujos migratorios y su asistencia. Además no es cierto que la reforma se apruebe para poder expulsar a más ciudadanos sin regularizar. Con la ley de 1985, las fuerzas de seguridad tenían un arma para echar del país a los inmigrantes sin papeles y se utilizó con mesura y equidad. La vía rápida queda para delincuentes y personas que amenacen la seguridad nacional. Tampoco deben tener miedo a los cuerpos de seguridad: han dado suficientes muestras de que cuando un extranjero se acerca a una comisaría para denunciar a una red de tráfico de inmigrantes o la explotación laboral, se tiene en consideración por parte de la justicia y no se le echa del país.

 P. Pero ampliar la regularización permanente de 2 a 5 años, negar la asistencia jurídica a los irregulares y controlar la movilidad geográfica pueden ser medidas perjudiciales...

 R. La difusión de esos cambios tampoco es cierta. La asistencia jurídica gratuita estará garantizada para todo los residentes legales y los irregulares serán asistidos cuando el delito afecte a su permanencia en el país. No se prohibirá la movilidad a los legalizados, y los ilegales se supone que no están aquí. Esa medida está limitada a casos de seguridad o personas que hayan cometido delitos.Y la regularización a los 5 años es el plazo de tiempo establecido en la mayor parte de Europa. Dar la permanencia a los 2 años, como está recogido en la ley actual, es un proceso prácticamente automático, y sirve para engañar a las víctimas de las mafias. Los desaprensivos les prometen esconderles hasta que pasen los dos años. Esos procesos ya están provocando un efecto llamada.

 P. ¿Ese efecto llamada ha repercutido en la Región?

 R. Sí. Desde que empezó el proceso de regularización la entrada de ilegales ha aumentado en cantidades significativas. La ley generará consecuencias graves de seguir tal y como está. No hay una capacidad ilimitada para acoger extranjeros.

 P. Entonces, ¿los 2.000 ó 2.500 ilegales que ya viven la Región sin papeles quedan condenados a la economía sumergida hasta dentro de cinco años?

 R. No sé de dónde se han sacado las ONG esas cifras de irregulares. Hasta que no finalice la regularización no sabremos el alcance real de la inmigración.

 P. Pero sean los que sean, ¿hay una alternativa para estos ilegales?

 R. El contingente de permisos de trabajo que se publique anualmente. Va a ver una oferta de contratos laborales, pero se acordará con cada comunidad y las patronales para que responda a las necesidades reales del mercado y de cada sector de actividad.

 P. A raíz de la furgoneta interceptada en Mijas con 37 inmigrantes hacinados que se dirigían a Murcia, se ha desatado la duda sobre la existencia de mafias asentadas en la Región. ¿Hay o no hay redes que trafican con personas?

 R. No tenemos constancia de que en la Región operen mafias que trafican con extranjeros. Las investigaciones sobre el caso de Mijas siguen en marcha, pero sospechamos que en Murcia encontraremos sólo eslabones de esa red que engañó a los 37 inmigrantes. La cabeza de la mafia puede estar en África y los mercenarios que contratan aquí no tienen ni idea de quién maneja los hilos. Otro aspecto positivo de la reforma es la lucha contra estas mafias: se recrudecerán las penas que se imponen a los que trafican, abusan y explotan de estas personas de terceros países.

 P. ¿La planificación de los flujos migratorios también tendrá en cuenta los brotes racistas?

 R. El borrador incluye medidas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. De momento no hay por que preocuparse. Hemos tenido pequeños brotes que han sido controlados, pero los conflictos no fueron motivados por el color de la piel o la religión, sino por la marginación, la pobreza y la consiguiente exclusión social en la que viven algunos extranjeros.