Tal como se señala desde la Plataforma “Decidir Nos Hace Libres”, la autonomía reproductiva de las mujeres debe estar necesariamente vinculada a la capacidad de decidir y, en este contexto, optar por la maternidad solo cuando ésta es deseada. Aun así, en la actualidad el gobierno español ha manifestado su intención de modificar en un sentido restrictivo la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (2010). De este modo, se hace caso omiso a los datos que indican que leyes más restrictivas en torno al aborto no disminuyen las tasas referidas a éste, sino que provocan un aumento en las muertes de mujeres de pocos recursos como resultado de abortos inseguros.
Con la contrareforma impulsada por el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se pasaría del sistema actual de plazos a otro en el que se permitiría el aborto exclusivamente en casos de violación o de riesgo para la salud física y mental de la mujer si así lo certifican dos médicos. Tal como se indica en el documento “El derecho de las mujeres a decidir: consideracions sobre el aborto” presentado por la Plataforma, si se retrocede a un marco legal centrado solo en motivos médicos, la atención dejará de ser equitativa ya que puede ser que las mujeres sean mejor o peor atendidas en función de la Comunidad donde vivan ya que dependerá de la interpretación de la ley y de la buena o mala voluntad de los profesionales de cada Comunidad o de su poder adquisitivo ya que, en muchos casos, abortar o no dependerá de la capacidad económica para viajar al extranjero.
El malestar por el giro radical que pretende aplicar el Gobierno español a la normativa sobre el aborto ha llegado a Europa. El Parlamento Europeo debatirá esta semana los cambios que plantea España y las consecuencias que tendrán para la salud y la libertad de las mujeres en su derecho a decidir sobre su salud y sobre la reproducción (El País, 14 de enero de 2014).
