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Comunicado del Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona

Escudo de la Universidad de Barcelona

Escudo de la Universidad de Barcelona

08/05/2012

Institucional

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona, ​​en la sesión ordinaria de 8 de mayo de 2012, y en relación con el Real decreto ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, referidas a la enseñanza universitaria, ha acordado manifestar que:

 
        Estamos disconformes tanto en la forma como en el fondo del Real decreto ley, porque no respeta la autonomía universitaria, ni cuenta con las opiniones universitarias, ni tiene presente el papel de la universidad en la sociedad, ni permite a la universidad conocer previamente las medidas y alternativas para que pueda ofrecer su capacidad de compromiso y responsabilidad. Esta medida legislativa se ha llevado a cabo sin realizar las consultas pertinentes a los órganos consultivos (CRUE y CEUNE), lo que significa que la universidad pública como institución ha sido considerada sujeto pasivo.
 
        La redacción del Real decreto ley y sus argumentos muestran un desconocimiento profundo de la realidad de la universidad pública actual. Las universidades públicas son instituciones independientes, plurales y comprometidas con sus misiones (docencia, investigación y transferencia) que tienen un papel fundamental a la hora de afrontar la situación de crisis económica y cambio social actual. Las universidades públicas son instituciones preparadas que asumen su papel y son parte de la solución; de ninguna manera son un problema en cuanto al gasto público que generan.
 
        En particular, expresamos nuestro desacuerdo respecto a las medidas que se expresan en el Real decreto ley, que suponen lo siguiente: un cambio de modelo en la actualización de los precios públicos de los servicios académicos que hace posible el aumento considerable del coste de los estudios universitarios; una política de becas públicas que no solo no permite su aumento, sino que incrementa su nivel de exigencia, y un cambio en el modelo de dedicación del profesorado sobre la base de un complemento voluntario y sin tener en consideración las políticas internas de fomento de la docencia y la investigación de calidad.
 
        Defendemos con determinación el valor constitucional y la necesidad de preservar la autonomía universitaria como principio fundamental. Por eso nuestros órganos de gobierno exigen participar en todos los procesos de decisión que afecten a los estudios superiores y, en todo caso, condicionarán, en la medida de lo posible, la aplicación de las distintas normativas y medidas que se están aprobando de manera unilateral, sin diálogo ni participación de las universidades públicas.
 
A partir de los argumentos expuestos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona pide lo siguiente:
 
        En relación con el Real decreto ley 14/2012, solicita que se abra un proceso de diálogo con las universidades para que, mediante un trabajo conjunto, se puedan analizar y debatir propuestas alternativas para encontrar los elementos de mejora de la educación superior universitaria, partiendo del compromiso y de la responsabilidad de las universidades con las decisiones tomadas. La universidad pública ofrece a la sociedad y al país sus capacidades, el pensamiento científico y la investigación, así como la formación, que son uno de los caminos más potentes para hacer frente a los problemas actuales mediante alternativas globales y medidas concretas que nos hagan avanzar hacia un mundo mejor y defiendan el bienestar, la justicia social y la paz.
 
        El respeto hacia la universidad pública como institución autónoma, eficiente, plural y responsable, capaz de responder a los retos de su propia gestión en un marco de competitividad internacional y de calidad acreditada en relación con los servicios que presta a la sociedad.
 
        Por una parte, la garantía de una financiación pública suficiente para poder mantener y mejorar las competencias y responsabilidades asumidas, y por la otra, la promoción de incentivos para mejorar los beneficios, la transferencia y la eficacia de la universidad pública en la sociedad y el impulso del tejido productivo en el marco de una política de crecimiento y respuesta a la crisis basada en el conocimiento.
 
        La consideración de que los ajustes del gasto, sin un análisis de las consecuencias, pueden llevar asociados graves problemas en el ejercicio de las funciones sociales que la universidad tiene encomendadas, lo que complica aún más la situación.
 
        El apoyo de las instituciones y de la sociedad a la universidad pública para mantener la calidad y la competitividad internacional con el fin de que pueda seguir desempeñando un papel clave en la formación de las personas y en el futuro del país. La universidad pública es consciente de su papel institucional de servicio público, y se siente comprometida en sus funciones y con capacidad de responder a los retos que nuestra sociedad y nuestro país tiene planteados hoy.
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