Estudiantes de Derecho de la UB ayudan a colectivos ecologistas a obtener una resolución favorable de las Naciones Unidas en el caso de la cementera Uniland
Estudiantes del grado de Derecho han participado en el caso Uniland, sobre una autorización ambiental de la Generalitat para esta cementera, en el municipio de Santa Margarida i els Monjos. Concretamente, los estudiantes de la UB han apoyado las acciones presentadas por colectivos ecologistas, contrarios a la resolución de la Generalitat. Para ello, y llegado el caso a las Naciones Unidas, dos de los alumnos colaboradores y dos profesores de la UB asistieron a una audiencia pública en Ginebra ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas. Los alumnos han realizado esta colaboración en el marco de las prácticas curriculares y de sus trabajos de fin de grado, y dentro de las actividades de la Clínica Jurídica en Medio Ambiente de la Facultad de Derecho.
Estudiantes del grado de Derecho han participado en el caso Uniland, sobre una autorización ambiental de la Generalitat para esta cementera, en el municipio de Santa Margarida i els Monjos. Concretamente, los estudiantes de la UB han apoyado las acciones presentadas por colectivos ecologistas, contrarios a la resolución de la Generalitat. Para ello, y llegado el caso a las Naciones Unidas, dos de los alumnos colaboradores y dos profesores de la UB asistieron a una audiencia pública en Ginebra ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas. Los alumnos han realizado esta colaboración en el marco de las prácticas curriculares y de sus trabajos de fin de grado, y dentro de las actividades de la Clínica Jurídica en Medio Ambiente de la Facultad de Derecho.
Las Naciones Unidas han emitido una resolución en la línea defendida por las entidades ecologistas y han declarado que la autorización ambiental de la Generalitat vulnera el derecho internacional. Concretamente, se ha resuelto que hubo varios incumplimientos del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 1998, conocido como Convenio de Aarhus. Estos incumplimientos se produjeron en la autorización ambiental que permitió modificar sustancialmente la actividad de la cementera Uniland para poder sustituir el 33 % del combustible con residuos urbanos y lodos de depuradora. También se reitera que el Estado español vulneró el acceso a la justicia por la larga duración de los procedimientos judiciales, su coste prohibitivo y la falta de mecanismos apropiados para eliminar o reducir estas barreras.
Antes de llegar a las Naciones Unidas, el Colectivo Ecologista Bosc Verd y dieciséis vecinos del Penedès presentaron dos acciones de nulidad por la vía administrativa que no fueron admitidas y que la Generalitat archivó. Posteriormente, se presentaron dos recursos administrativos que también fueron desestimados. Fue entonces cuando el Fondo de Defensa Ambiental, actuando en defensa del Colectivo Ecologista Bosc Verd y de los dieciséis vecinos, y con el apoyo de la Clínica Jurídica en Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la UB, presentó una comunicación ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de Naciones Unidas.
Más información:
Convenio de Aarhus
Comité de Cumplimiento de Aarhus
Resolución del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas, 19 de junio de 2017