Comunicado del equipo de gobierno de la Universidad de Barcelona: por una nueva política de profesorado

 
 
Institucional
(11/07/2017)

Recientemente, el equipo de gobierno de la UB ha hecho públicas dos instrucciones (Instrucción 2/2017, Instrucción 3/2017) que han generado, como mínimo, cierto desencanto entre el colectivo docente e investigador. Para evitar especulaciones y malentendidos, se emite este comunicado, que pretende explicar las razones de fondo que justifican la adopción de esas dos instrucciones, y también cómo encajan con los objetivos que se ha propuesto este equipo de gobierno a corto, medio y largo plazo. Información que se ha ido explicando en los últimos meses en la Conferencia de Decanos y el Consejo de Gobierno, pero que consideramos necesario hacer extensiva a toda la comunidad universitaria.

 

 
 
Institucional
11/07/2017

Recientemente, el equipo de gobierno de la UB ha hecho públicas dos instrucciones (Instrucción 2/2017, Instrucción 3/2017) que han generado, como mínimo, cierto desencanto entre el colectivo docente e investigador. Para evitar especulaciones y malentendidos, se emite este comunicado, que pretende explicar las razones de fondo que justifican la adopción de esas dos instrucciones, y también cómo encajan con los objetivos que se ha propuesto este equipo de gobierno a corto, medio y largo plazo. Información que se ha ido explicando en los últimos meses en la Conferencia de Decanos y el Consejo de Gobierno, pero que consideramos necesario hacer extensiva a toda la comunidad universitaria.

 

  • El inicio de la crisis económica en 2008 supuso una fuerte reducción de los ingresos para el sector público que se tradujo en una reducción drástica del gasto público. Ello implicó la reducción drástica de la tasa de reposición de jubilaciones en las universidades. Ante esa coyuntura tan complicada, solo había tres opciones: 1) reducir la oferta académica de grados y másteres, 2) reducir el número de plazas de nuevo ingreso para estudiar en la universidad, 3) abaratar el coste del profesorado.
  • En lugar de permitir que las universidades desarrollaran estrategias propias, basadas en el principio de autonomía universitaria, se impuso un modelo basado en la contratación de profesores asociados para sustituir al personal jubilado. Ello ha llevado a una contratación masiva de profesorado asociado en detrimento de agregados, titulares y catedráticos. Así, en el caso de la Universidad de Barcelona, entre 2008 y 2016 prácticamente se multiplica por dos el número de profesores asociados. Esta inflación de asociados no responde a las necesidades docentes reales, sino a una política que tenía por objetivo transformar el modelo de profesorado de la UB.
  • Esta política ha llevado a dos sentencias judiciales en contra de la UB que son críticas por su potencial impacto desestabilizador. Por un lado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos advierte de que un asociado no puede realizar tareas de gestión ni de investigación y que, de ser así, se le retribuirá al margen del sueldo de asociado. Por otro lado, una sentencia del Tribunal Supremo (Sentencia 473/2017) decreta la condición de indefinido no fijo de un asociado que había encadenado una serie de contratos para cubrir necesidades docentes de tipo estructural.
  • Como universidad, nuestro objetivo es y debe ser devolver a la sociedad la inversión que esta hace, pero multiplicada. Para ello, hemos de ofrecer una formación y una investigación de primer nivel. Pensar que un profesor universitario se puede improvisar y no necesita experiencia docente ni investigadora es no entender el sentido último de la docencia universitaria. Por ese motivo, no podemos aceptar ninguna de las tres alternativas antes mencionadas: reducir oferta, reducir plazas o abaratar profesorado. Creemos que la alternativa debe ser renovar y rejuvenecer la plantilla del profesorado, no incrementar su precariedad. Y ese es uno de los objetivos de este equipo.
  • No obstante, continuamos con una doble limitación legal: no podemos incrementar en 2017 el número total de efectivos, y tampoco podemos incrementar el gasto dedicado a pagar nóminas (Capítulo 1). Para hacerlo más complicado aún, en 2016 se superaron estos dos techos y eso nos ha llevado a no tener, a fecha de hoy, capacidad de negociación con la Generalitat de Cataluña para implementar medidas de optimización de los recursos de profesorado. Además, las sentencias mencionadas nos avisan del fraude que supone la contratación de profesorado asociado para realizar tareas estructurales, o de la imposibilidad de contratar asociados para hacer tareas de gestión o de investigación.
  • Entendemos que el único camino viable y sensato es recuperar la autonomía y generar una política de profesorado basada en:
    • a)    Medidas de urgencia que respondan a los riesgos derivados de las sentencias judiciales mencionadas. Ello explica las dos instrucciones que han generado polémica.
    • b)    A corto plazo, propondremos a decanos y directores de departamento un plan integral de transformación de las plazas de asociado en plazas de profesor a tiempo completo, complementado con una eficaz labor de reorganización de la docencia. Ello debe permitirnos, de cara al curso 2018-2019, desarrollar nuestro modelo de plantilla basado en profesorado a tiempo completo, en el que el profesorado asociado pueda desarrollar las tareas propias de conformidad con la finalidad de su tipo de contrato. Pero el profesorado asociado no puede ser la vía de ingreso a la Universidad de Barcelona.
    • c)    A largo plazo, hay que trabajar para disponer de la plantilla estable de profesorado que la financiación disponible nos permita. Ello también está relacionado con la reivindicación de un nuevo modelo de financiación. En todo caso, esta plantilla estable es la que nos determinará la oferta formativa y el volumen de plazas de ingreso que podemos soportar. Y adaptaremos el desdoblamiento de grupos en las diversas asignaturas a la fuerza docente disponible en cada momento.

En este contexto, pedimos a la comunidad universitaria que colabore con nosotros para reclamar a la sociedad el apoyo que necesitamos para sacar adelante nuestras funciones como Universidad, con la financiación necesaria para ello y con la calidad que todos queremos. Y asegurando el relevo generacional, la estabilización del profesorado y el mantenimiento de unas condiciones dignas para todo el personal docente e investigador.