Estudio sobre el impacto económico de las ineficiencias del sistema de ejecución de sentencias judiciales
La Cámara de Comercio de Barcelona y el Grupo de Investigación AQR-Lab de la Universidad de Barcelona han analizado por primera vez el impacto económico de las ineficiencias que tiene el actual sistema de ejecución de sentencias judiciales en nuestro país y, a partir de una comparativa entre países, han hecho propuestas de mejora.
La Cámara de Comercio de Barcelona y el Grupo de Investigación AQR-Lab de la Universidad de Barcelona han analizado por primera vez el impacto económico de las ineficiencias que tiene el actual sistema de ejecución de sentencias judiciales en nuestro país y, a partir de una comparativa entre países, han hecho propuestas de mejora.
A pesar de la amplia bibliografía existente que analiza la eficiencia del sistema judicial, los estudios se centran únicamente en el análisis del sistema hasta el momento en que se dicta la sentencia y esta es firme. No obstante, la mayoría de veces aquí no finaliza el proceso a través del cual las partes en litigio resuelven los conflictos. En concreto, el largo periodo hasta la ejecución efectiva de la sentencia genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas o particulares afectados. Esta distorsión, no analizada de modo riguroso en la bibliografía, supone un freno importante a la actividad económica.
Un país con un sistema judicial ineficiente tendrá un nivel de inversión menor, así como unas dimensiones empresariales también menores y un menor progreso tecnológico, dado que se producirá menos inversión en I+D+i. Además, una falta de protección de los derechos de propiedad en un contexto de inseguridad jurídica aún desincentiva más dicha inversión. Por último, un funcionamiento ineficiente del sistema se puede traducir en un encarecimiento de los créditos comerciales y financieros debido a la mayor incertidumbre y los largos periodos de cobro.
Entre los resultados principales obtenidos en la investigación destaca el hecho de que mejorar la eficiencia del sistema de ejecuciones generaría unos efectos económicos notables que irían desde un incremento mínimo del PIB de casi 74 millones de euros y una creación o mantenimiento de 1.110 puestos de trabajo (en el caso de mejora reducida), hasta un incremento máximo de casi 303 millones de euros del PIB y una creación o mantenimiento de 4.573 puestos de trabajo (en el caso de mejora elevada). Globalmente, se ha estimado que por cada millón de euros que se pudieran recuperar, se facturarían en Cataluña 687.248 euros más, el PIB se incrementaría en casi 350.000 euros, se generarían 133.006 euros más de rentas fiscales y se contribuiría a crear o mantener cinco puestos de trabajo a tiempo completo.
El estudio apunta que la mejora de la eficiencia en el sistema de ejecuciones en Cataluña se puede fundamentar en la reforma de los procedimientos de ejecución, con el fin de agilizar y definir la figura del agente de ejecuciones y asignarle funciones concretas amplias, o incluso exclusivas, para desarrollar el proceso.