Con la creación en 1989 del Observatorio Europeo de la Políticas Familiares Nacionales (OEPFN), que depende de la Comisión Europea y posteriormente, en 1994, con la celebración del Año Internacional de la Familia, se ha desarrollado desde todos los ámbitos, tanto los académicos como políticos, un gran interés por la Política Familiar.

Este OEPFN es el encargado de estudiar las repercusiones que, sobre las familias y sus características, pueden tener todas las decisiones que los estados miembros de la UE adopten con relación a ellas.

Entendemos por Política Familiar conseguir que todas las personas con responsabilidades familiares sobre ancianos, enfermos, niños y discapacitados puedan atenderlas en las mejores condiciones, habilitando los recursos necesarios para ello (recursos monetarios, ayudas externas, excedencia o reducción de jornada laboral).

No se trata de defender un modelo único de familia. Cada vez más las familias/ formas de convivencia, pueden ser muy diversas. Una buena política familiar, en principio no debe discriminar ninguna opción (derecho ya reconocido en la Constitución Española de 1978).

En la mayoría de países no se considera Política Familiar, a pesar de su clara incidencia, ni la Política de Vivienda ni la de Juventud ni la de Vejez. Las dos primeras inciden directamente en la formación de familias y la tercera, aunque en países del centro y norte de Europa, los ancianos no viven con sus hijos, en nuestro país es distinto. Es evidente que hay grandes diferencias de unos países a otros, que no se han eliminado con la adhesión a la UE.

Nuestro país, junto con Italia, es el de más baja natalidad de la UE con la contradicción que supone con nuestra gran tradición familiar, lo que hace suponer que está motivada por la precariedad en los recursos de ayuda familiar.

En otros países el estado se hace cargo de servicios y prestaciones que aquí no se contemplan, siendo las familias, especialmente las mujeres adultas, las encargadas de solucionar este tipo de necesidades.