La teoría marshalliana de la ciudadanía.
La más influyente interpretación sociológica del desarrollo de los
derechos del hombre es la de Thomas Marshall, Citizenship and social Class.
Marshall liga la ciudadanía moderna, fundada sobre los derechos, al desarrollo
de relaciones capitalistas y de la división del trabajo en el contexto del moderno
Estado nacional. La creación de una infraestructura económica nacional y la consiguiente
necesidad de una fuerza de trabajo móvil produjo una transformación de
las relaciones entre individuo, sociedad y estado. Estado y sociedad se convirtieron
gradualmente en ámbitos separados y la función del Estado se transformó
de la del control social directo a la regulación de las relaciones sociales entre
titulares libres e iguales de los derechos individuales. El nacionalismo jugó
un papel importante en esta nueva estructura económica y administrativa: proveer
la identidad cultural común que era necesaria para dar vida a una forma de ciudadanía
definida por la adhesión general a un conjunto de normas e instituciones jurídicas,
socioeconómicas y políticas. Dentro de esta estructura, los derechos coordinaban
las relaciones entre individuos, así como entre éstos, el Estado
y otras instituciones sociales. Los derechos servían para estabilizar el orden
industrial capitalista y también para transformarlo; los derechos sociales
eran un primer ejemplo de este potencial reformista, considerándolos uno de los
instrumentos principales a través de los que la clase trabajadora habría obtenido
la plena pertenencia al Estado moderno en condiciones de igual ciudadanía.
Desde Marshall (1950), la ciudadanía se ha ha convertido en una categoría
central de una concepción de la democracia que sea fiel al principio de la tradición
liberal democrática y no sólo formal. Mientras las formas premodernas de
pertenencia política serían de naturaleza elitista y exclusiva, la ciudadanía
moderna tiene un carácter abierto y expansivo. Para
Marshalla, la ciudadanía moderna es un estatus que atribuye derechos
y deberes a los nuevos grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva
sociedad industrial desde mediados del XVII. La ciudadanía habría evolucionado
a lo largo del tiempo a través de la creciente adquisición de derechos como una
especie de marcha por etapas.
La tesis comunitaria de Marshal ofrece
una brillante síntesis de la evolución histórica de la ciudadanía y de los derechos
políticos en Gran Bretaña, distinguiendo entre derechos civiles, políticos y sociales.
Así, los derechos políticos presuponen los derechos civiles que aseguran la libertad
de hablar sin temor a la persecución y un nivel de instrucción y bienestar suficiente
para tomar decisiones bien informado y autónomamente. Las tres fases del desarrollo
de los derechos son otras tantas partes de un proceso dialéctico a través del
cual los derechos pasaron de ser privilegio de unos pocos dentro del orden feudal
al ser atribuidos universalmente a todos los miembros de la sociedad igualitaria.
Según Marshal, el individuo no es solo portador de derechos, sino del deber social
de sostener la comunidad que hace posible el ejercicio de sus derechos.
La ciudadanía según Marshall se habría desarrollado en tres fases: civil, político
y social.
- En el siglo XVIII se adquirieron los derechos civiles:
derechos de libertad física, de palabra, pensamiento, religión, derecho a poseer
títulos de propiedad, igualdad ante la ley (como el derecho a un juicio natural
y a un proceso formal, libertad de asociación y opinión, a establecer contrato
y a residir libremente...).
- En el siglo XIX se adquirieron los derechos
políticos: derecho del ciudadano a participar en el ejercicio del poder político
como miembro de órganos dotados de autoridad o como elector de tales organismos.
Uniformidad de la representación -relación entre electores y elegidos en los distintos
colegios-, extensión del sufragio, voto secreto, indemnidad parlamentaria... El
sufragio es el elemento central de los derechos políticos y refleja las reivindicaciones
políticas de las clases subalternas.
- En el siglo XX, con la expansión
del estado del bienestar, los ciudadanos obtuvieron dotaciones materiales comunes
y protección en la tutela de acontecimientos negativos (enfermedad, accidentes
de trabajo, asistencia en la vejez...), derecho a la educación, al bienestar,
la seguridad social en relación a los estándares dominantes en la comunidad
política, así como las instituciones implicadas: escuela, salud, casa,
pensiones, seguros...
