Las bases de la Restauración Borbónica quedaron fijadas en la Constitución de 1876 de carácter moderado que reintroducía el sufragio masculino "censitario", mantenido hasta la Ley del 26 de junio de 1890, aprobada en el "Parlamento largo" de mayoría liberal que restableció el sufragio universal masculino.

Los debates al entorno del sufragio femenino que tuvieron lugar esporádicamente en el Parlamento Español respondían a iniciativas individuales de determinados diputados independientes de la línea programática de los partidos políticos a los que pertenecían. A lo largo del S.XIX, tanto los miembros de los partidos liberales como de los conservadores compartían los fundamentos del modelo liberal de ciudadanía que limitaba el espació público a los varones y adscribía a las mujeres al ámbito privado. En este sentido, ambas opciones políticas se opusieron, de forma persistente y sistemática, a las pocas propuestas favorables al sufragio femenino. Esta actitud empezaría a cambiar en el momento en que concibieron el voto femenino como un útil instrumento para sus intereses políticos.

Durante las últimas décadas del S.XIX y inicios del XX, los debates alrededor del voto femenino, estuvieron instrumentalizados en función de la oportunidad política. De manera que, paradójica y contrariamente a lo sucedido en la mayoría de países europeos, los partidos conservadores se mostraron gradualmente más favorables a conceder el sufragio femenino restringido que los partidos encuadrados en el progresismo. Esta actitud respondía a la consideración, compartida por la inmensa mayoría de la clase política española, de que el voto femenino era por definición, conservador y confesional. Tanto los partidos encuadrados ideológicamente en la derecha política y social, fundamentalmente el partido conservador, como el partido liberal y los distintos partidos nacionalistas, fueron en todos los casos favorables al sufragio femenino restringido a las mujeres viudas o solteras con una renta mínima.

La iglesia católica, con una importante influencia en la sociedad española, mantuvo una actitud ambigua respecto al voto femenino: negaba la concesión del voto a las mujeres, que debían centrarse única y exclusivamente en la familia y el hogar, manteniendo a la vez posturas posibilistas debido a su convicción de que el voto femenino era católico. En este sentido creó y apoyó a organizaciones de mujeres católicas y conservadoras que preservasen el rol tradicional de la mujer española.

A lo largo de las primeras décadas del S.XX, los partidos progresistas (esencialmente los republicanos y los radicales, aunque también los revolucionarios), paradójica y contrariamente a lo que sucedía en otros países europeos, se opusieron sistemáticamente al sufragio de las mujeres. Destacadas socialistas feministas, como Margarita Nelken defendieron la necesidad de suspender momentáneamente el derecho a voto de las mujeres hasta asegurar, mediante la instrucción, la independencia del voto femenino respecto al voto del cónyuge. Y es que, convencidos que el voto femenino era reaccionario y manipulado por la iglesia, consideraban que las mujeres debían primero educarse e instruirse para después poder participar en la vida política española. En este sentido, defendieron un feminismo social previo a un feminismo político.

El movimiento anarquista consideraba que la educación era el medio fundamental para la emancipación femenina y el sufragio femenino una reivindicación burguesa y secundaria para mejorar la situación de las mujeres. Años más tarde, las mujeres anarquistas españolas llevaron a cabo un replanteamiento de esta postura.