En 1908, el diputado republicano y miembro de la Solidaridad Catalana Francisco Pi y Arsuaga, a título personal, presentó una enmienda ante el Congreso en unos términos similares a los de 1907: pidió el voto en las elecciones municipales para las mujeres emancipadas sin dependencia marital. Según el diputado, el objetivo de dicha petición respondía a la voluntad de ensayar el resultado de unas elecciones con voto femenino restringido e introdujo un nuevo elemento en el debate que sería fundamental en las argumentaciones posteriores entorno al sufragio femenino: el supuesto clericalismo de las mujeres. Los republicanos afirmaban que alejar a las mujeres de la participación política las empujaba hacia el clericalismo. Por el contrario, para los partidos conservadores esta presunta característica femenina afianzaba aún más el hipotético conservadurismo femenino. Ulteriormente, esta creencia, como veremos más adelante, fue una de las principales razones por las cuales los partidos conservadores fueron partidarios del voto femenino.

Los argumentos contrarios a la enmienda fueron imprecisos y se apoyaron en la idea de la inoportunidad política. La votación de la enmienda concluyo con 35 diputados a favor y 64 en contra.