La cuestión de la participación de las mujeres en las instituciones políticas legitimadas ha sido central en la segunda mitad de los ochenta. El PSOE, en el poder desde finales de 1982, aprueba en 1988 que el 25% de sus listas electorales, de cualquier rango, sea compuesto por mujeres. Poco después la coalición de IU subiría la cuota al 35%. Y así, de una representaron parlamentaria de mujeres del 6,4% en 1986, se pasaba al 13,4% en el 89. Aunque la minoría suya siendo exigua, la cifra que daba doblada generosamente en le intervalo de solo tres años.

Campañas concretas de sensibilización hacia esta participación de las mujeres buscaban el consenso entre un sector de mujeres de partidos y sindicatos y los grupos feministas con el objetivo de lograr plataformas estable de coordinación, diálogo y presión. Estas plataformas, como "Lobby Europeo de Mujeres" y la "Comisión de Seguimiento del plan de igualdad", se han desgastado con frecuencia en interminables discusiones reglamentarias, ante la resistencia de cada grupo a reconocer el pequeño poder del grupo de al lado. Los pactos ente mujeres, como poder de transformar la realidad, resultaban ser una meta.