Desde la misma aprobación de la le de extranjería más de un centenar de entidades entregaron sus respectivas peticiones al defensor del pueblo, Enrique múgica, para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ésta, entre ellas figuran asociación pro derechos humanos, el consejo general de abogacía, la red acoge Andalucía-acoge; UGT y CCOO; la comisión de libertades e informática e izquierda unida.

La mayoría de estas peticiones cuestionan la constitucionalidad de los preceptos referidos a:

-la cesión y acceso a los datos de carácter personal.

-las garantías jurídicas en los procesos administrativos.

-los procedimientos de devolución y expulsión de los extranjeros.

-los centros de internamiento.

Múgica comunicó el 20 de febrero de 2004 que no presentaría ningún recurso de inconstitucionalidad, porque la ley ya había sido impugnada por "otro de los sujetos constitucionalmente legitimados para ello", refiriéndose al recurso presentado unas horas antes por el gobierno vasco. Sin embargo añadió una frase inesperada: "[el defensor del pueblo] considera necesario que se efectúe un adecuado desarrollo reglamentario de la ley que permita, cuando menos, determinar vías de regularización individual a los extranjeros que permanecen en España en situación irregular. Para ello se tiene previsto iniciar inmediatamente contactos con la administración, a efectos del desarrollo reglamentario de la ley". basándose en "razones humanitarias y pragmáticas". también llama la atención al ejecutivo "sobre la necesidad de buscar fórmulas prácticas que permitan dignificar la situación de los extranjeros que permanecen en España y sobre los que pesa una orden de expulsión que no puede ejecutarse".

los tres grupos del gobierno (PNV, ea e IU) y el de la ilegalizada batasuna (SA) habían aprobado el 13 de febrero que el parlamento presentara un recurso de inconstitucionalidad de la loex ante el tribunal constitucional. En la cámara, el PP defendió la constitucionalidad de la ley, mientras que el PSE recordó que ni el PNV, ni ea ni izquierda unida enmendaron a la totalidad el proyecto durante el trámite de su debate en el congreso ni aludieron entonces a su posible inconstitucionalidad.

El recurso cuestiona los preceptos que regulan la devolución de inmigrantes a sus países de origen, los centros de internamiento y el acceso y uso de los datos del padrón municipal sin consentimiento de los interesados. Los artículos que se recurrirán son el 1, en sus apartados 31,32,34,35,38,39 y 40, y el 3, en sus apartados 3 y 5.

los grupos del tripartito consideraron que la reforma supone "un retroceso intolerable" en los derechos de los extranjeros, fomenta la inmigración ilegal y dificulta el desarrollo de los planes de integración que desarrollan las administraciones autonómicas y locales.

El socialista Jesús loza recordó a PNV, EA e IU, partidos todos con representación en el congreso, que ninguno de ellos pidió la devolución del proyecto al gobierno, como debieron hacer en la tramitación en cortes si consideraban que la ley vulnera preceptos constitucionales.