El 14 de marzo, tras tres días de consternación, se produjo un giro inesperado en la política española, el PSOE ganó las elecciones del 14 de marzo. y aparece un nuevo clima político en España:

sus 164 escaños (mayoría relativa) y la decisión de gobernar en solitario le obligan a llegar a acuerdos concretos, sujetos a compromisos prometidos o dados a entender antes de encontrarse en el poder. Por las condiciones en que llegó al ejecutivo, un consenso más sentimental que político, el PSOE se ve obligado negociar con todas las fuerzas políticas, y a tener en consideración las demandas de la sociedad civil. Más allá de las declaraciones de intenciones del nuevo presidente.

En conclusión: se abren una serie de negociaciones que de unas materias concretas que pueden dar paso a un cambio en el panorama jurídico en temas generales, que pueden derivar en otros cambios en materias más concretas. Las entidades y fuerzas reivindicativas en lo relativo a las principales problemáticas de la sociedad española esperan espera ver satisfechas sus demandas por el nuevo gobierno. Junto con la vivienda o la precariedad laboral, la inmigración no es una excepción.

En su discurso de investidura, la segunda semana de abril, zapatero confirmó su intención de llegar al mencionado pacto de estado en materia de inmigración que había anunciado en la campaña. El anterior gobierno popular dejó pendiente la elaboración el reglamento de aplicación correspondiente a la última reforma de la ley de extranjería. Éste será, según zapatero, el principal instrumento para llevar a cabo sus decisiones. En la nueva administración, la nueva secretaría de estado de inmigración y emigración, dirigida por consuelo rumí, aglutina las competencias hasta ahora repartidas entre la dirección general de ordenación de las migraciones, el instituto de migraciones y servicios sociales y la delegación del gobierno para la extranjería y la inmigración. El nuevo departamento figura en el organigrama del ministerio de trabajo y asuntos sociales, cuando el equivalente en el gobierno anterior del PP se encuadraba en el ministerio del interior. Sin embargo, con el PSOE, las competencias más importantes continúan dependiendo del ministerio del interior: la autorización de entrada de extranjeros en el territorio español, el control y la seguridad. "Es una garantía de seguridad" afirmaba rumí en una entrevista concedida al diario el país el 12 de mayo, donde también anunció que las oficinas de extranjería serán transferidas a la secretaría de inmigración "con una dotación de recursos importante". el 2 de mayo, en una entrevista al diario el país, el nuevo ministro del interior, José Antonio Alonso, afirmó que "la secretaria de estado para la inmigración se va a llevar los aspectos sociales, por ejemplo todos los temas de integración social, de su estatuto político, de salidas laborales y de vivienda. El control, sanción y expulsión va a seguir en interior". el periodista le pregunta si los ficheros de documentación y extranjería pasarán al ministerio de trabajo y asuntos sociales, Alonso responde que "yo creo que el ministerio del interior se tiene que quedar con todo el aspecto represivo y de control de los flujos migratorios".

en materia de inmigración y legalidad, la nueva legislatura se inaugura con una serie de problemas o cuestiones a fundamentales a resolver:

1-la presencia en España de entre 600.000 y un millón de "sin papeles". es decir, los criterios que se utilizarán para una regularización extraordinaria, que se presume inevitable a medio-corto plazo.

2-la solución al problema de la irregularidad sobrevenida. Es decir, personas que siendo "legales" en toda regla, dejan de serlo por cuestiones meramente burocráticas.

3-la constante llegada de inmigrantes "ilegales". es decir la actitud política ante el fracaso de la política migratoria desde muchos años atrás. No tomar ninguna medida política, como propone el PP, también es una política.

4-los problemas que presenta la loex en cuanto a derechos humanos y constitucionalidad.

5-el contenido del reglamento de aplicación correspondiente a la última reforma.

6-el problema de las relaciones entre los fenómenos de la inmigración y el terrorismo.

En la entrevista anunciada, a Alonso se le pregunta por "el millón de inmigrantes irregulares", el ministro responde "subjetivamente no debe ser un problema para España. Nosotros tenemos que integrarlos a toda costa. Pero objetivamente son un problema…". ante la pregunta de si la solución se encuentra en una regularización, el ministro afirmó que "tratando de integrar a la mayor gente posible, pero tiene una mala solución" y delegó el asunto a las decisiones de consuelo rumí.

El 20 de abril de 2004, tras la toma de posesión de se cargo, la nueva secretaria de estado de inmigración y emigración, consuelo rumí, ya había adelantado las líneas básicas de actuación del nuevo gobierno. En primer lugar, rumí anunció que el nuevo gobierno prevé un nuevo proceso de regularización extraordinario cuyos criterios se girarían en torno a "la vinculación al mercado laboral". en cualquier caso, rumí precisó que "no se trata de llevar a cabo ninguna regularización extraordinaria" como la que vienen reclamando varias organizaciones sociales y partidos políticos como IU". por otra parte, el 27 de abril, el nuevo ministro de trabajo y asuntos sociales, Jesús caldera, en declaraciones a TVE, descartó las regularizaciones generalizadas porque suponen "un peligro que genera más atracción".

también anunció "otras vías aún no desarrolladas" y recordó las declaraciones en campaña de Rodríguez zapatero, en las que anunció la intención de incluir en el reglamento la posibilidad de que un inmigrante obtenga papeles si denuncia una contratación irregular o de explotación. Según la secretaria, esta y otras vías de obtención de papeles se introducirán en el reglamento que debe desarrollar la ley de extranjería.

En una entrevista publicada por el país el 12 de mayo, rumí señalaba que "el reglamento es el objetivo prioritario, se pretende elaborar un texto consensuado con fuerzas políticas, comunidades, ayuntamientos, agentes sociales y organizaciones que de respuesta a flexibles a muchas situaciones que figuran en la ley". ni en el texto anterior ni la actual ley de extranjería se han desarrollado muchas de las potencialidades que algunas de las enmiendas introdujeron en el texto, como los visados para la búsqueda de empleo para los ciudadanos de los países que ejercen mayor presión migratoria, todo lo que significa el arraigo, de las condiciones humanitarias o de la colaboración con las fuerzas del orden" y añade que "cualquier situación administrativa que esté vinculada a la irregularidad y que al mismo tiempo tenga conexión fehaciente con el mercado laboral será recogida en el desarrollo reglamentario".

a finales de mayo el calendario de aprobación del reglamento y, por tanto, del plan contra la irregularidad están en el aire. En palabras del mismo gobierno, es prácticamente imposible que pueda ser aprobado en junio, la fecha exigida por la ley de extranjería. La secretaría de estado de inmigración anunció que consultará la posibilidad de incumplir este plazo "dado que las circunstancias han cambiado". también pedirá al ejecutivo saliente un informe sobre "la situación real de los inmigrantes irregulares".

la secretaria explicó que el PSOE no se propone reformar de nuevo la ley de extranjería "vincular la solución de todos los problemas al ámbito de las reformas legales es un error". anunció que hay que trabajar en el pacto de estado sobre inmigración anunciado por zapatero, en tres grandes ámbitos: fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales. En el pacto se pretende incluir "el recurso que presentó el PSOE ante el tribunal constitucional sobre los derechos de los inmigrantes" (…) "en cualquier caso estamos ante esperando una resolución del constitucional".

lo cierto es que en poco más de un mes de esta VIII legislatura habían entrado 61 proposiciones de ley y que ninguna hacía referencia a un cambio en la loex. El BNG (bloque nacionalista galego) hizo la única propuesta relativa a la inmigración, solicitando la modificación de la ley electoral para garantizar el derecho a voto de los inmigrantes.

En política migratoria, discurso del PSOE, como el del PP, se fundamenta en la lucha contra inmigración irregular "sin un control de ella no hay integración posible". para evitar la inmigración irregular rumí defendió una política basada en una "gestión eficaz", un "contingente flexible y ágil", un régimen general abierto, acuerdos con terceros países y la colaboración de sindicatos y empresarios, porque así "el inmigrante verá que se puede venir legalmente a nuestro país y que la irregularidad sólo tiene como fin la explotación de las personas, la marginalidad, y, al final, la repatriación" .

ante la situación de que en España haya miles de personas con una orden de expulsión imposible de aplicar porque sus países no los reconocen como ciudadanos, rumí afirma que "es necesario reactivar los convenios de readmisión existentes, y tal vez negociar otros nuevos. La política de repatriación debe funcionar para hacer ver a los extranjeros que la entrada ilegal en España no conduce a ninguna parte. y debe funcionar especialmente con el gobierno de Marruecos", añadió que "durante la reciente visita del presidente del gobierno a Marruecos pude constatar que el rey Mohamed vi ha expresado su voluntad política de colaborar en el control de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular.

El 19 de mayo el parlamento aprobó un texto que puede considerarse la "primera formulación" del gran pacto de estado en materia de inmigración reclamado por Rodríguez zapatero. En el texto aprobado, el parlamento insta al gobierno a "abrir un amplio proceso de diálogo con todos los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, ayuntamientos, interlocutores sociales, ong y asociaciones de inmigrantes (...)". el pacto", añade, "se inscribirá en la política y la normativa de la unión europea en esta materia y respetará los convenios y tratados firmados por España".

los grupos parlamentarios, a excepción del PP proponen tres iniciativas normativas:

1- "avanzar" hacia la participación política en las elecciones municipales a los extranjeros con permiso de residencia.

2- la ampliación "significativa" de la duración del visado de búsqueda de trabajo, actualmente fijada en tres meses.

3- la apertura de un período de consultas para obtener un reglamento que de "una respuesta adecuada a la situación documental de los miles de inmigrantes que viven es España de forma irregular". además, el parlamento:

-insta al gobierno a concertar la gestión de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes de acuerdo con las comunidades autónomas.

-propone intensificar la cooperación al desarrollo, especialmente en los países del Magreb

-dotar las oficinas de extranjeros con recursos humanos y materiales suficientes para evitar su colapso y agilizar los procesos de documentación.

-reforzar las inspecciones de trabajo para erradicar la explotación laboral.

-menciona expresamente la necesidad de hacer aflorar el trabajo doméstico y los servicios domiciliarios de atención personal y geriátrica, "con el fin de dotar al sector de mayor transparencia" y de "garantizar los derechos de los trabajadores".

"el pacto de estado", señala el texto, "supondrá el inicio de una etapa en la que estado, comunidades autónomas y ayuntamientos coordinarán, cooperarán y compartirán aquellas funciones y competencias que posibiliten una gestión más eficaz de los flujos migratorios y respondan a una distribución más acorde de las competencias migratorias en el estado de las autonomías".

en cuanto al problema de las relaciones entre los fenómenos de la inmigración y el terrorismo, se le preguntó al ministro del interior por la solución al problema del "terrorismo islámico" contestó que hay que "potenciar determinados servicios operativos. Por ejemplo, en las ciudades pequeñas hay que potenciar mucho las brigadas de extranjería y hay que dotarlas mucho". al ministro se le pregunta por terrorismo y contesta con "brigadas de extranjería", una asociación muy directa entre inmigración y terrorismo. En la mente de Alonso también está la creación de una ley para controlar las pequeñas mezquitas, un debate que se ha reabierto en España desde la victoria socialista.

El 24 de mayo el ministerio del interior anunció una serie de medidas legislativas para aumentar las posibilidades de control de datos personales por parte de la administración central para luchar contra el terrorismo.