País Vasco y Cataluña.
Se tratarán estas dos comunidades en particular por encontrarse en una situación política particular que no es este el lugar de exponer, tan sólo decir que las tensiones nacionalistas, al frente de sus respectivos parlamentos, se reflejan en el intento de llevar a cabo políticas migratorias particulares respecto a las del conjunto del estado.
País vasco.
El 8 de abril el parlamento vasco aprobó un plan de inmigración elaborado por el gobierno vasco (formado por partidos nacionalistas de centro-derecha partido nacionalista vasco, eusko alkartasuna y IU-EB) en colaboración con el resto de instituciones y de las ong que trabajan en inmigración. Fue impulsado por el consejero de vivienda y asuntos sociales Javier madraza, coordinador general de izquierda unida - ezker batua. El plan destaca por rechazar la distinción entre regularidad e irregularidad que hace la administración central. Se ofrece a todos los inmigrantes derechos relativos al bienestar social (que es donde la comunidad tiene competencias): oferta gratuita de tarjeta sanitaria, renta básica, cursos de castellano, formación "a la carta" y tramitación de documentos en la delegación del gobierno. El mecanismo de ejecución son los ayuntamientos: un asistente social pagado por el gobierno se encargará de empadronar, elaborar un informe con las necesidades y aspiraciones y proporcionará cobijo a cualquier inmigrante tres meses después de presentarse en el ayuntamiento de la localidad donde aspira residir.
Las instituciones vascas no pueden ir más allá porque el gobierno central es el que tiene las competencias fundamentales en área de inmigración (planificación, coordinación y regulación) . el tripartito vasco sacó adelante sus propuestas, en las que además se insta al nuevo gobierno central a a que, tras su toma de posesión, proceda de "manera inmediata" a derogar la ley de extranjería, a regularizar a los que no tienen documentos y a reconocer el derecho a voto de los inmigrantes. En la discusión parlamentaria, las principales divergencias se apreciaron entre el tripartito (que finalmente impuso la fuerza de sus votos) y el partido socialista de Euskadi, que en substitución al plan, planteó instar al gobierno central a que regularizara a los "sin papeles" con oferta de trabajo. El PNV, la fuerza mayoritaria, parecía dispuesto a negociar la propuesta, sin embargo, Madrazo exigió un pronunciamiento explícito de los socialistas y tajante a favor de la derogación de la loe, a lo que el portavoz socialista, Jesús loza, se negó porque "hay aspectos de la norma con los que los socialistas estamos de acuerdo". Madrazo se mostró inflexible en este punto y el triparito dijo prácticamente que no a todas las propuestas del PSE
este ambicioso plan, no sólo debe analizarse desde una óptica de la política de inmigración de los diferentes partidos políticos y fuerzas parlamentarias. En esta coyuntura se ha mezclado ese tema con el la cuestión de conflicto por las competencias entre gobierno vasco y gobierno central y del llamado "conflicto vasco en general". por lo que su significado vas más allá de la oposición/apoyo a la ley de extranjería.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que cerca de un 10% de la población vasca a emigrado a otras partes de España por motivos políticos. En segundo lugar, recordemos que la secretaría de estado de inmigración y emigración, dentro del consejo del interior, está dotada de amplias competencias para tratar temas relativos a la inmigración. En las comunidades y ciudades autónomas existe un delegado o subdelegado de gobierno también con amplias competencias. Las comunidades autónomas se quedan con la asistencia social y otras facultades de ejecución. Jesús loza (PSE) ha denunciado la ausencia del más mínimo propósito de colaborar con la administración central, así como la "hipocresía" que supone impulsarlo paralelamente al plan Ibarretxe "que recoge conceptos que son la antesala del etnicismo puro y duro" . Borja Samper (PP) afirma que el gobierno vasco "intenta marcar una nueva política de inmigración para la que carece de competencia jurídica". por su parte, Madrazo, reivindica su política progresista y lanza un desafío al gobierno central: "lo que nos gustaría es que nos dieran las competencias sobre inmigración para regularizar a todos los sin papeles", que son unos 11.000 en el país vasco. En tercer lugar, el consorcio fiscal vasco permite al gobierno disponer de amplios recursos económicos: con el nuevo plan, el gobierno vasco invierte 60 veces más inmigración que la comunidad de Madrid.
Finalmente, hay que señalar que la aplicación real de este plan hasta el momento se limita a un porcentaje muy reducido de la totalidad de la población inmigrante y se está lejos de que las pretensiones se hagan realidad.
Cataluña.
El 16 de marzo los representantes del nuevo gobierno tripartito (PSC, ERC e ic) al frente de la Generalitat desde diciembre de 2003, expusieron las políticas de inmigración prioritarias a desarrollar a lo largo de la legislatura. La consejera de bienestar y familia, Ana Simó, y la secretaria para la inmigración, Adela Ros presentaron el "plan de ciudadanía e inmigración (2005-2008)". una de las prioridades del mismo será la "regularización del mercado de trabajo y combatir la economía sumergida aumentado las inspecciones de trabajo". excepto en el control de fronteras y de la concesión de la nacionalidad española, la Generalitat considera "necesario" que el estado traspase todas las competencias ejecutivas en materia de inmigración para poder elaborar y llevar a cabo un modelo de política de inmigración genuino catalán.
Las principales medidas del nuevo plan, según la administración, serán:
-la mejora de la primera acogida a través de la creación de una red catalana de acogida para atender a los recién llegados.
-la elaboración de una carta de acogida donde se expliquen de manera entendible los derechos y deberes para todos los ciudadanos de Cataluña, las normas de convivencia y la acogida temporal de extranjeros en situación irregular.
-el reforzamiento de las instituciones locales, porque son los que gestionan la población que va llegando.
-acciones de sensibilización de la población que favorezcan el conocimiento de la realidad diversa que implica el hecho migratorio.
-incremento de los servicios de traducción la mediación intercultural: un protocolo de instalación de centros de culto y adaptación de espacios en cementerios, enseñanza de las lengua maternas y acciones de formación a profesionales de la enseñanza, servicios sociales, sanitarios…
-al adecuación de los servicios sociales a toda la población "sin que afecte a los ciudadanos existentes".
en una entrevista ofrecida al periódico latinoamericano el hispano, editado en Barcelona , Adela Ros afirmó que "los inmigrantes deberán asumir la catalanidad como identidad compartida". se pretende que la lengua catalana sea un elemento unificador. En cuanto al derecho a voto, Ana Simó aseguró que "el derecho a voto en las elecciones municipales estaba en la agenda de trabajo para esta legislatura".
en cuanto al tema de los extranjeros irregulares, Ros afirmó que "el gobierno ha de tener una actitud realista. No podemos cerrar los ojos ante más de 250.000 personas residiendo de manera irregular en catalana".
el tripartito solicitará al gobierno central el traspaso de competencias y la dotación económica para poder llevar a cabo dichas inspecciones desde la Generalitat de Cataluña, las funciones referentes a la tramitación de las autorizaciones administrativas para trabajar.
En marzo, Adela Ros, secretaria de inmigración de la Generalitat, se reunió con unos 150 pakistaníes de Barcelona (250 según el diario el punt, 150 según fuentes directas) en una reunión convocada por la asociación de trabajadores pakistaníes en el barrio del Rabal, para desmentir los rumores de un posible proceso de regulación extraordinario de los inmigrantes en situación ilegal. Según el diario barcelonés el punt, la secretaria abandonó el lugar "con la cola entre las piernas, después de que los ánimos empezaran a exaltarse a medida que los inmigrantes preguntaban cómo podían regularizar su situación y no obtenían ninguna respuesta". Ros anunció que "la Generalitat no está de acuerdo con la ley de extranjería y que presionará para que se cambie".
por otra parte, el 16 de mayo, los diarios se hacían eco de informaciones facilitadas por la misma subdelegación del gobierno de Cataluña sobre el colapso administrativo en la tramitación de documentos para la obtención y renovación de permisos: 53.000 renovaciones por resolver que se pueden transformar en el mismo número de irregulares sobrevenidos (20.000 confirmados), 43.000 e-mails por contestar (no se puede atender personalmente, se debe pedir cita previa vía e-mail). personas afectadas han perdido ofertas de trabajo, no han podido viajar al extranjero han tenido problemas con la policía.
El periódica catalán el punt, publicó el 23 de mayo una encuesta sobre la opinión de las juventudes de los principales partidos políticos catalanes. Contrasta que, ante la negativa de ERC, icv y CIU ante una regularización extraordinaria, las juventudes de ERC (1000 afiliados sólo en Barcelona) y icv (1500 afiliados) consideran que una regularización extraordinaria sin condiciones "sería un paso para sacar a los inmigrantes del callejón sin salida en el que se encuentran". La juventud nacionalista de catalana (JNC, 5000 afiliados), rama juvenil de CIU, también apuesta por una regularización extraordinaria, pero con condiciones, después de que la Generalitat haya obtenido las plena competencias en inmigración. Por otra parte, las juventudes socialistas (JSC) piensan que una regularización de este tipo es "peligrosa" y que "antes es necesario saber cuantos inmigrantes hay y en que sectores laborales trabajan". El ala juvenil del PP, "noves generacions", con unos 2500 afiliados, descarta una regularización extraordinaria porque "la ley de extranjería ya especifica los criterios para acceder al estado". es la única entidad de estas que no denuncia el carácter xenófobo de la ley. En cuanto al reconocimiento del derecho a voto a los inmigrantes, icv, ERC y joventuts socialistes se muestran favorables a ello.