el 28 de abril, el consejo económico y social (ces), órgano consultivo del gobierno del que forman parte sindicatos, empresarios y miembros del gobierno central, aprobó por unanimidad un informe sobre la inmigración y el mercado de trabajo en España. Por primera vez asistió al pleno un alto cargo de la administración, la secretaria de estado de inmigración y emigración, consuelo rumí. La propuesta del ces es prácticamente idéntica a la avanzada por los responsables del nuevo ejecutivo.

El CES propone al gobierno dos ejes de actuación que no suponen ninguna reforma de la ley de extranjería:

-adoptar medidas para simplificar las vías de contratación de inmigrantes. Lo que revela la mala situación transmitida por el gobierno anterior.

-solucionar el problema de la enorme bolsa de los extranjeros irregulares en España mediante la apertura de vías flexibles de regularización individual y permanente de los "sin papeles" que hoy trabajan en la economía sumergida. De forma "individualizada", en función del arraigo y de la colaboración con las autoridades en las denuncias de delitos laborales. El consejo rechaza una nueva regularización general extraordinaria por considerar que de "esta forma no se soluciona el problema de la inmigración ilegal y porque causa el denominado efecto llamada".