La incorporación total de España a la unión europea le ha obligado a adoptar una normativa común en materia de extranjería que, por constituir parte del llamado acervo comunitario, debe ser incorporada expresamente al ordenamiento jurídico español, uno de los requisitos para el ejercicio de pleno derecho de los países firmantes de la unión. Además de esta norma comunitaria de directa aplicación, cada estado miembro necesita acomodar la legislación sobre extranjeros a una política común desarrollada en ese marco comunitario.