El tribunal supremo ha fallado dos importantes sentencias por los recursos interpuestos por ongs y sindicatos en los últimos meses que pueden tener (o deberían tener) su reflejo político y legal:

El 20 de marzo se anulaban algunos preceptos el vigente reglamento de extranjería por considerar que no se puede rechazar una solicitud sin la debida motivación y resolución sobre el fondo que protege la legislación general sobre procedimientos administrativos.

El 6 de abril anuló un punto del consejo de ministros de diciembre de 2001 con el que se impedía que los extranjeros pudieran solicitar permisos de trabajo en sectores donde el contingente anual fijado por el gobierno se hubiera agotado o en otros donde no se hubiese previsto ningún contingente. Los sindicatos habían recurrido a este acuerdo porque entendían que convertía al contingente en la única vía para lograr un permiso. La sentencia concluye que los trabajadores que tengan una oferta de empleo tendrán derecho al permiso de trabajo aunque sea para un sector sin contingente o para otro con el contingente agotado, siempre que los servicios públicos no. Esta sentencia es de gran importancia, ya que anula el cierre del régimen general.