En la unión general de trabajadores (UGT), el 13 de junio de 2003, tras la aprobación del consejo de ministros calificó la ley en un comunicado de prensa como la "más vergonzosa de las realizadas por el gobierno durante los tres últimos años, tanto por su contenido como por su forma". sin embargo, sin retocarse el contenido de la misma, se observa también un cambio de tono en otro comunicado una vez que el PSOE pactó con el PP el contenido de la ley, en septiembre del mimo año: se afirma que "no se resuelven los problemas más acuciantes" o "no se resulten los aspectos más difíciles de aceptar, pero por otra parte, considera "positivo" el pacto porque no se implicará a la emigración como argumento electoral, aunque "insuficiente".

en motivo de la publicación en el BOE de la última reforma, UGT publicó una valoración de la misma, en ella se considera que los principales motivos de la reforma son:

1-mostrar la ausencia de posibilidades de acceder a un permiso para los extranjeros irregulares.

2-poner en cuestión los derechos fundamentales reconocidos, a través de la posibilidad de que la dirección general de policía acceda a los datos del padrón.

3- resolver por la vía menos justa la falta de cumplimiento de la obligación de la administración de resolver en plazo los expedientes, tergiversando la sentencia del tribunal supremo, debido a que l gobierno nunca ha querido dedicara es materia los medios materiales y humanos necesarios. Se crea así un sistema especial, que afectará tanto a españoles como a extranjeros no comunitarios.

Desde el punto de vista laboral, UGT considera que:

-la reforma no resuelve, sino que empeora los problemas tanto del mercado laboral español, como de los trabajadores no comunitarios.

-no se acaba con las situaciones de explotación laboral, ya que no proporconaningún incentivo a los trabajadores para que denuncia estas situaciones.

Los principales desacuerdos y reclamaciones del sindicato coordinado por cándido Méndez son:

-los puntos más graves de la ley son la posibilidad de acceso a los datos del padrón por parte del ministerio del interior y la reforma de la ley de régimen jurídico y administraciones públicas. Dos medidas que además de separar a los extranjeros del principio de igualdad de trato, contribuyen a una mayor invisibilidad de la situación irregular, y en consecuencia, a seguir alimentando las situaciones de explotación laboral.

-la no participación de interlocutores sociales, sindicatos y empresarios.

-el sistema de contingentes y visado, tal como está establecido, implica una falta de calidad del empleo ofrecido y no garantiza que en caso de que el inmigrante no encuentre empleo no se permanezca en el país en situación irregular

-las nuevas rsonsabilidades a las compañías de transporte y los transportistas.

-la ausencia de un modelo de política de inmigración.

Calificó de "demagogia" y rechazó la última reforma por ser anunciada por el gobierno en plena campaña electoral, para ser utilizada como un argumento más para la misma. Ello explica la urgencia con que se llevó al consejo de ministros y la ausencia de consulta previa a los organismos que preceptivamente debieron ser consultados: el foro para la integración social, el consejo económico y social y, según UGT, el consejo de estado. Tampoco los sindicatos fueron consultados.

Además, para UGT, la reforma de 2003 supone "dar carta de naturaleza a un sistema jurídico diferenciado para los extranjeros no comunitarios, lo que constituye una medida gravísima desde el punto de vista jurídico". "no sólo es irresponsable la utilización de la inmigración durante la campaña electoral para buscar el voto más reaccionario, sino que además las medidas más regresivas que se anuncian suponen dentro del ámbito de la UE una interpretación regresiva".

en motivo del XXV aniversario de la constitución española, UGT publicó un comunicado para recordar "que el artículo 28 reconoce la libertad de indicación a todos los trabaderos, sin otra restricción que las que pudieran referirse a las fuerzas o institutos armados a los demás cuerpos sometidos a la disciplina militar". se denuncia que la ley de extranjería limita este derecho a los extranjeros que obtengan autorización de estancia o residencia en España.