Por otra parte, UGT y AMIC organizaron el II congreso de la inmigración en Cataluña, celebrado en Reus los días 17 y 18 de abril. Participaron más de 250 provenientes de más de un centenar de asociaciones de inmigrantes. Las dos conclusiones más destacadas del documento que se aprobó tras una amplia discusión fueron:

1-es necesario reformar la ley de extranjería.

2-el derecho a voto es necesario para reemplazar el concepto de inmigrante por el de ciudadano.

Se decidió crear una comisión de seguimiento, sobre las soluciones al respecto y que tiene previsto reunirse el 15 de mayo en Barcelona para promover una iniciativa popular para solicitar ante el parlamento el derecho de los inmigrantes a votar en las elecciones municipales.

Josep Bargalló, el conseller en cap de la Generalitat de Esquerra republicana de catalunya, afirmó que "el primer objetivo es conseguir que en las próximas elecciones municipales el voto sea universal". Reconoció que el asunto es competencia de la administración central, pero instó a los extranjeros a "participar en la redacción del nuevo estatut" y reclamó más competencias para cataluña en materia de extranjería.

Josep Maria Álvarez, secretario general de UGT en Cataluña, reclamó más dureza contra los empresarios que contraten inmigrantes de forma irregular e insistió en la necesidad de un proceso de regularización para "acabar con la explotación clndestina, y también para la propia seguridad del país". "Papeles para trabajar, no para todos como quieren hacer creer algunos, sino para trabajar" añadió.

El congreso se comprometió a buscar el máximo de adhesiones a la propuesta de la asociación som ciutadans del món, que reclama un consejo estatal de inmigrantes.

Los dos sindicatos mayoritarios CCUU y UGT propusieron el 25 de mayo a secretaria de estado de inmigración, que abra vías legales para regularizar a inmigrantes que acrediten una relación laboral prolongada en españa, al margen de los periodos de permanencia en el país que exige la ley de extranjería. los sindicatos proponen dar entidad al supuesto del arraigo laboral desarrollando el artículo 36.3 de la ley, que establece que la carencia de papeles "no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo de las prestaciones que pudieran corresponderle". Ese mecanismo estaría basado en la "contratación efectiva", y no en ofertas de empleo, que a juicio de UGT y CCOO "no aseguran la estabilidad laboral ni regular de los trabajadores". "ha de establecerse", indican, "un mecanismo de protección a las víctimas, que incluya el acceso a un permiso de residencia y de trabajo como un incentivo para denunciar estas situaciones de explotación laboral". recuerdan que esa fórmula no es extraña al ordenamiento jurídico, puesto que se utiliza en supuestos de víctimas del tráfico de seres humanos o de explotación sexual. los sindicatos respaldan con argumentos económicos y éticos su propuesta. "a la negación de derechos que significa para los trabajadores la economía sumergida", señalan, "se añade que ésta se desenvuelve al margen de la fiscalidad y de las cotizaciones sociales, produciendo situaciones de dumping económico y de distorsión de la competencia con efectos contaminantes sobre la economía regular".