En esta marco se inscribe el Informe de la ONU presentado por la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, sobre su visita a España, 15 a 27 de septiembre de 2003. Las facultades de las entidades responsables de dicho informe se limitan a la denuncia y la recomendación.

Es significativo que el informe empiece con la frase "Durante la visita la Relatora pudo apreciar las dificultades que encuentra España en hacer frente a la inmigración en su nueva dimensión".

Entre las recomendaciones al Gobierno español que la Relatora expone en su informe, destacan:

· La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los Trabajadores Inmigrantes, a la que España no se ha suscrito.

· La revisión de la Ley de Exranjería, para que no "socavelos derechos humanos de los migrantes y los demandantes de asilo".

· Un aumento de los recursos y una agilización de los procedimientos necesarios para asegurar una tramitación rápida y eficaz de los expedientes migratorios.

· Medidas para asegurar una aplicación plena y eficaz de la legislación relativa a los menores no acompañados en materia de reagrupación y documentación.

Además, en el mes de abril, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó explícitamente al gobierno español a regularizar al "casi millón" de "sin papeles" que vive en España. La ONU acepta esta cifra. Además, según El Correo Digital, Naciones Unidas se encuentra "muy preocupada por la precaria situación" de este colectivo, tras las muchas denuncias de ONG's, sindicatos y colectivos. Estas agrupaciones hicieron llegar al organismo internacional un informe paralelo al presentado por el Gobierno sobre los derechos sociales en España. El estudio pone de relieve que los inmigrantes en situación irregular "sólo gozan de una limitada protección de sus derechos fundamentales", incluso los más básicos. Este es el grupo de población más afectado por las carencias nutricionales.