Las política de extranjería desarrolladas en España, junto a las sucesivas leyes, hasta el momento, pueden considerarse un fracaso, no ya sólo desde la perspectiva de los Derechos Humanos, de la dignidad de las personas y de la igualdad, sino que también respecto a sus pretensiones: detener la inmigración.

Desde una lectura más perversa de la ley y un análisis crítico de la política, cabe preguntarse si realmente se ha conseguido mantener un equilibrio deseado por sus autores: puertas cerradas; una bolsa de mano de obra barata; un sector étnica y culturalmente diferente susceptible de ser utilizado electoral y políticamente; y una nuevo estrato socioeconómico inferior y políticamente indefenso que vaya sustituyendo a los anteriores, que si tienen derecho a votar y que se dejan de ser los grupos socialmente más inferiores de la sociedad.

De todas formas, el constante cambio en las leyes, más allá de los cambios de gobierno, denota una desorientación política y una confusión significativas.