La ley orgánica 4/2000 "sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social" que deroga la anterior de 1985 . pero esta ley nunca se aplicó y menos de un año más tarde ya tendrá su reforma. Esta ley nació del consenso parlamentario, todos los grupos estaban de acuerdo en que era necesario una profunda reforma de la ley y su reglamento para corregir sus graves problemas en la aplicación confusa, contradictoria y restrictiva. Ninguna de las propuestas (CIU, IU, IC-NI, PSOE) puso en discusión el control de flujos y de entradas y se centró sobretodo en potenciar la permanencia y la integración permitió que la ponencia de discusión se desarrollase en un clima de debate consensual.

De este modo se pudo presentar al congreso de los diputados un informe de la ponencia con el aval de todos los grupos y partidos. Sin embargo, en vigilias del debate en el pleno, el gobierno del partido popular criticó el resultado de la ponencia y anuncia su intención de enmendarla unilateralmente a través del senado, donde tenía mayoría absoluta. Pero la falta de apoyo de los nacionalistas canarios y de CIU, sus socios de gobierno, hace que finalmente la ley se apruebe con los votos en contra del partido popular y con la amenaza de éste de cambiarla en caso de ganar las elecciones. La ley que nunca se aplicó suponía la consecución de importantes conquistas:

-reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas "ilegales".

-posibilidad de legalización con menos de dos años de estancia.

-flexibilización administrativa y un mínimo control de la arbitrariedad.

-imposibilidad de expulsiones e internamientos por el mero hecho de no tener papeles.

Aunque, por otro lado, se endurecieron las condiciones de reagrupación familiar y se eliminaron las exenciones a los contingentes y a los visados.