Este Real Decreto de Extranjería fue dictado el 17 de noviembre de 1852 por el Consejo de Ministros de Bravo Murillo. La bibliografía jurídica señala como aspectos destacables:

a) que los derechos de los extranjeros que obtuviesen carta de naturaleza o gozado de vecindad se determinasen por ley.

b) añadir el supuesto de la mujer española casada con extranjero.

c) la distinción entre domiciliados y transeúntes, entendiendo a los primeros como "aquellos que se hallen establecidos con casa abierta o residencia fija prolongada por tres años, y bienes propios o industria y modo de vivir conocido (...), con el permiso de la autoridad superior civil de la provincia."

d) la definición de la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes y de sus derechos y obligaciones: libre circulación, adquisición de propiedades, ejercicio del comercio, obligaciones fiscales, exención al servicio militar, prohibición de derechos políticos.