La expulsión tiene lugar normalmente como consecuencia de condena penal o recomendación de un Tribunal, aunque también es facultad discrecional del ministro del Interior en defensa del bién público.

Se tipifican como conductas delictivas: la entrada ilegal, el incumplimiento de una orden de deportación, la permanencia en el Reino Unido por tiempo superior al autorizado, y cualquier inobservancia de las condiciones del permiso, falta de presentación ante la policía e, incluso, el no someterse a reconocimiento médico. Los agentes de policía o los oficiales de Inmigración pueden detener, sin necesidad, de mandamiento judicial a cualquiera que haya cometido cualquiera de los delitos señalados.